Mestre evalúa denunciar a Giacomino
Hoy, los tribunos de cuentas presentarán las conclusiones de la auditoría realizada sobre la anterior gestión. Consideran que hay irregularidades que ameritan una investigación penal.
A poco de asumir como intendente de Córdoba, Ramón Mestre encargó la realización de una auditoría de corte para dividir aguas entre su gestión y la de su antecesor en el cargo, Daniel Giacomino, y siempre dejó entrever que si encontraba algún asunto turbio no dudaría en acudir a la Justicia para pedir una investigación penal. Esa instancia parece haber llegado. Hoy a las 11, el presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Font, acompañado de sus pares de la UCR, presentará los resultados finales de referido estudio contable, realizado por la consultora Deloitte, a cambio de 280 mil pesos.Aunque hasta ayer nadie lo confirmó de manera oficial, en el Ejecutivo analizan para hoy mismo la posibilidad de una doble acción: la difusión pública del informe en sí y su inmediata puesta a consideración de la Justicia. "No se sorprendan si los propios tribunos llevan mañana (por hoy) los papeles a manos de un fiscal", advirtió una fuente del Palacio 6 de Julio.Según pudo relevar este diario, la presunción mestrista sobre la comisión de ilícitos durante la gestión Giacomino se enfocaría en varios ítems puntuales. Las miradas están puestas en el manejo, en algunos casos dispendioso, del patrimonio público; el por lo menos llamativo derrotero de algunas licitaciones que se decretaron caídas y luego fueron sucedidas por adjudicaciones directas a un precio muy superior; y la emisión indiscriminada de cheques en un reducido lapso, a sabiendas –según la versión del oficialismo– de que sería imposible cubrirlos.Si bien una eventual investigación y también la calificación legal de los hechos correspondería a un fiscal, algunos funcionarios municipales se animaron a señalar que, a priori, podría haber casos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Por responsabilidad funcional, desde el mestrismo apuntan sus cañones al propio Giacomino, como cabeza de la administración, y también a Gabriel Bermúdez, quien fue secretario de Economía durante buena parte de la pasada gestión. Puntos críticos. Los tópicos mencionados por el mestrismo como conclusiones de la auditoría traen a la memoria al menos dos hechos que en su momento fueron denunciados por este diario como decisiones administrativas poco provechosas para la ciudad. La referencia es para la enajenación en tiempo récord, a precio llamativamente bajo y con amplias facilidades para los compradores de los lotes colindantes con la fallida nueva sede del Concejo Deliberante, en la bajada Alvear. El otro episodio tiene que ver con el desagüe de calle Bunge, en barrio Iponá, que pasó de ser licitado en siete millones de pesos a una adjudicación directa por el doble de ese valor. Desde el Ejecutivo insisten en que no están dando rienda suelta a una caza de brujas, sino que se quieren basar en "hechos objetivos", para lo cual resaltaron la "seriedad e independencia" de la consultora contratada. Inclusive advierten que la presentación del informe también sería acompañada por los dos vocales de la minoría, enrolados en el riutortismo.En el plano de gestión, la auditoría ratificaría otras impresiones que ya se hicieron públicas en informes preliminares, respecto de una situación de anarquía administrativa y seria incapacidad de control por parte del propio Estado. Al respecto, una mención especial se llevan –de acuerdo al informe de Deloitte– los problemas con las conciliaciones bancarias, la falta de controles sobre el ingreso de recaudación; la extracción de fondos de cuentas especiales sin la documentación respaldatoria; y un manejo casi informal en algunos ítems de la liquidación de sueldos.
Paso a paso
El estudio. La auditoría de corte fue encargada por Ramón Mestre a la reconocida consultora Deloitte en enero pasado, para trazar una separación clara entre su gestión y la de Daniel Giacomino. Hubo un informe preliminar en marzo y ahora se entregan las conclusiones finales. Por el informe, el municipio pagó 280 mil pesos. El oficialismo reivindicó su calidad técnica, seriedad e independencia.
Atención. La auditoría detectó decenas de desprolijidades administrativas en el municipio, pero también puso el foco en varias cuestiones que, a criterio del oficialismo, merecen una investigación penal para determinar si hubo ilícitos. Se trata de episodios de venta de patrimonio municipal, adjudicaciones directas de obras y emisión de cheques de pago diferido.
