Más allanamientos, ahora en la Fundación Madres

Buenos Aires. Por una nueva orden del juez Norberto Oyarbide, inspectores de la Policía Federal especializados en delitos de fraude y estafa, allanaron ayer en forma simultánea distintas oficinas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Anteayer, Oyarbide había ordenado un operativo similar en la oficina que usaba Pablo Schoklender, ex apoderado de la fundación, ubicada en un apart hotel, al lado de la sede, la librería y la universidad de la entidad presidida por Hebe de Bonafini, que ayer fue objeto del allanamiento. Y ayer también, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, anunció que este organismo "auditará la ruta del dinero", en relación a los fondos nacionales que se destinaron al programa de viviendas sociales "Sueños compartidos", dependiente de Madres de Plaza de Mayo. "Queremos actuar con urgencia; la auditoría ya está en marcha", dijo Despouy, en diálogo con La Voz del Interior .El allanamiento del martes a la oficina que la Fundación Madres de Plaza de Mayo alquilaba para Pablo Schoklender había sido solicitado horas antes por la propia Hebe de Bonafini en un escrito. Los allanamientos de ayer, en cambio, sorprendieron a las Madres de Plaza de Mayo. Oyarbide investiga a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a otras seis personas, por los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos.Según trascendió de fuentes de tribunales, Oyarbide ordenó doce allanamientos, entre ellos, las oficinas de la sede central de las Madres. Otros operativos similares se llevaron a cabo en cuatro inmuebles pertenecientes a Hugo Gallardo, abogado y socio de Pablo Schoklender, quien hasta hace pocos días era coadministrador de la Fundación de Madres hasta que fue echado.En cuanto a la Auditoría General de la Nación (organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del sector público), su titular Leandro Despouy informó que se "va a auditar el circuito de transferencias de dinero del Tesoro hacia las provincias y municipios que llevaron a cabo la construcción de las viviendas".Despouy dijo que así lo resolvió "el colegio de auditores" que él preside, y que ya tienen hecho "un trabajo preliminar con base en documentación que acercaron parlamentarios". También adelantó que la Justicia se había contactado con la Auditoría.Este organismo, en 2008 creó una gerencia especial para auditar fondos discrecionales del Estado nacional hacia las provincias, municipios y privados. "En 2008 eran 60 mil millones de pesos estas transferencias; en 2010, fueron 133 mil millones de pesos", precisó el funcionario. Esta gerencia será la encargada de "hacer el trabajo de campo" en el seguimiento de la ruta del dinero respecto a las viviendas de Sueños Compartidos. Despouy agregó que "por ahora, son 760 millones de pesos" los que se auditarán en este caso.