Marcha en Buenos Aires por la masacre de Avellaneda

Organizaciones sociales denunciaron hoy que el gobierno nacional "hizo todo para salvaguardar" la libertad del ex presidente Eduardo Duhalde y advirtieron que un "entramado de connivencia entre la Justicia y la política" evita investigar las responsabilidades políticas en los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Las entidades recordaron que el juez Ariel Lijo, "puesto a dedo por Néstor Kirchner", ordenó archivar la causa iniciada en 2002 para "investigar las responsabilidades políticas de la masacre", en un documento que leyeron en el Puente Pueyrredón, donde conmemoraron el décimo aniversario del asesinato de los militantes sociales.

"El gobierno kirchnerista hizo todo para salvaguardar a Duhalde y a los otros responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Nunca abrió los archivos de la SIDE", denunciaron en el texto leído por Griselda Cugliati, del Frente Popular Darío Santillán, y Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

El referente nacional del Frente Popular Darío Santillán,

Federico Orchani, denunció la existencia de "un entramado de connivencia entre la Justicia y la política que hace posible que no se investigue la responsabilidad política de los crímenes y que los responsables directos estén en un régimen abierto".

En declaraciones a DyN, Orchani advirtió que "hay falta de voluntad política que partió de la promesa de Néstor Kirchner en 2003, cuando dijo que iba a investigar, caiga quien caiga" y manifestó que "si la causa federal a cargo de Ariel Lijo está archivada, significa que hay falta de voluntad política".

"Es mucho más preocupante lo que sucede en la Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde el ex juez de la Corte Suprema y actual juez, Luis Genoud, quien en tiempos de la masacre era responsable directo de la policía bonaerese, es quien tiene en sus manos un recurso de (el ex comisario Alfredo) Fanchiotti para resolver si modifica las penas o lo deja en libertad", manifestó el dirigente.

El coodrinador del Frente Popular Darío Santillán afirmó, en ese sentido, que "esta impunidad genera más impunidad" y sostuvo que "es una organización de impunidad. Son las fuerzas de seguridad que se mueven bajo el amparo de la Justicia".

Por otra parte, expresó que "la movilización popular condenó a la marginaldiad política" al ex presidente Duhalde y consideró que "eso muestran los votos que sacó en las últimas elecciones. Alguien que se jactó de ser el salvador de la democracia y la realidad mostró que no pudo levantar cabeza".

"Tenemos que recordar que Duhalde fue nombrado por Néstor Kirchner para un cargo en el Mercosur", destacó Orchani.

El décimo aniversario de los asesinatos fue recordado con una serie de actividades que comenzaron ayer en el marco de una vigilia en el puente Puente Pueyrredón, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde participaron familiares de los militantes sociales, y culminaron con la lectura del documento.

Familiares de Kosteki y Santillán, por su parte, reiteraron sus críticas al kirchnerismo al advertir un presunto "pacto político, policial y judicial" para el sistema abierto de detención de los autores materiales de los crímenes, los ex efectivos Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta.

"Tenemos el mayor de los odios por Duhalde y tendría que estar pudriéndose en la cárcel", dijo a la prensa Alberto Santillán, padre de Darío, al reiterar el reclamo de investigación y detención de los "responsables políticos" de los asesinatos.

Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, afirmó que "los responsables políticos siguen estando en libertad", manifestó que "desde Duhalde hasta Aníbal Fernández son todos responsables" y reclamó al gobierno que "abra los archivos de la SIDE para poder condenar a los funcionarios".

Kosteki y Santillán fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante una represión policial que derivó en el adelantamiento de las elecciones nacionales, dispuesto por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

En 2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión perpetua al ex comisario Fanchiotti y al ex cabo Acosta por los crímenes y dictó penas de prisión efectiva a otros tres efectivos de la policía bonaerense.