El manual no escrito para acusados de corruptos

L o dicta el manual no escrito para acusados de corrupción: declararse víctimas de adversarios, opositores o intereses contrarios; adjudicar oscuras y tendenciosas intencionalidades a quienes difunden; argüir que la Justicia es la encargada de dar la última palabra y que cooperarán para ello. En el Gobierno nacional, el manual ha sido repetido estos días como un catecismo. En Córdoba, también hubo apelaciones en las últimas horas a los párrafos más conocidos.Por alguna razón vinculada con los comportamientos sociales, las revelaciones sobre hechos de corrupción han encontrado un campo más fértil para quedar en el centro de la agenda ciudadana.Es entonces que surge una discusión interesante respecto del modelo K. Por un lado, hay quienes sostienen que los hechos de corrupción son habituales en cualquier gest ión, que los funcionarios infieles son imposibles de erradicar y que las denuncias apuntan a frenar o impedir profundas transformaciones de este gobierno. En esta visión, la corrupción aparecería como una especie de efecto no deseado de un modelo casi revolucionario. Del otro, hay quienes sostienen que en realidad todo el andamiaje político montado a partir de avances en materia social, económica, judicial no es otra cosa que una cortina para ocultar la esencia corrupta del proyecto. Aquí la corrupción ya no es una derivación, sino la razón central sobre la que se funda el resto de las acciones políticas.La discusión no será saldada fácilmente pero encierra, cualquiera sea la perspectiva, el supuesto de que no es posible administrar la cosa pública sin apropiarse de manera ilegal e inmoral de recursos que debieran estar destinados a resolver los problemas de la gente.El debate parece obviar que debería ser condenable social y judicialmente tanto juntar dinero por kilogramos en bóvedas particulares como sacarle 100 pesos a un jornalero al que se le consiguió trabajo. El financiamiento ilegal de la política está quedando al descubierto en lo macro y en lo micro.Todas las últimas revelaciones nacionales han molestado e incomodado tanto al Gobierno que impulsa una reforma al Poder Judicial para tener jueces adictos y amenaza con silenciar medios de comunicación. Además, desnudan el cambio de modus operandi . De los clásicos pedidos de coimas de gobernantes a empresas prestatarias de servicios o concesionarias de obras se pasó a un modelo en el que los propios funcionarios son dueños o socios de esas firmas. Y eso son millones de millones.No serán millones pero es gravísima esa inmoral costumbre que salió nuevamente a la luz en Córdoba de cobrarles una especie de diezmo a empleados a los que se les consigue trabajo en el sector público. El extitular de Caminos de las Sierras reprodujo una práctica que su jefe político, Dante Heredia, vendría realizando hace décadas, según coinciden quienes han trabajado con el ratificado ministro de Transporte. Plata grande y plata chica con un mismo justificativo: financiar la política desde lo inmoral y lo ilegal. Mientras tanto, se repiten acusaciones contra quien denuncia o difunde, se buscan las más variadas intenciones o se pronuncian frases como "estoy a disposición de la Justicia".En realidad, una persona con cargo público que dice algo elemental como estar a "disposición de la Justicia" tal vez esté queriendo exactamente lo contrario. Y si no, basta con ver a Ricardo Jaime, que lo supo pronunciar, mientras esa misma Justicia lo investiga por robar pruebas en el momento en el que le hacían un allanamiento.Y así, se va acumulando material para el manual no escrito.