Llenar el Estado con los propios

Febrero de 2007. José Manuel de la Sota empezaba a terminar su mandato y Juan Schiaretti estaba en plena carrera para competir por su sucesión. En aquel verano, todos los bloques, la mayoría peronista y los opositores radicales y juecistas votaban el nuevo escalafón del empleado público, que agregaba a la planta permanente los cargos de jefe de área, subdirector y director de jurisdicción, que debían ser designados por concurso.

En noviembre de 2006, este diario había advertido sobre "la posibilidad de que se efectivizaran" más de mil cargos políticos, tal como estaba planteado el proyecto. El Gobierno, comandado por De la Sota y Schiaretti, descalificaba aquella advertencia. Aquel miércoles 21 de febrero, radicales y juecistas levantaron la mano con sus pares justicialistas.

Ahora, ambos se rasgan las vestiduras y amenazan con anular estos concursos, que están diseñados para garantizar la efectivización de adeptos al gobierno de turno. ¿Empezaban a dormir esa larga siesta parlamentaria, que en el actual período sólo es interrumpida por fugaces salidas del letargo? ¿O se ilusionaban con ser ellos los que pusieran un millar de los suyos en resortes clave de la administración pública provincial?

Por eso, peronistas, radicales y juecistas carecen de autoridad moral para condenar el uso de los cargos estatales como herramienta de acción política.

La UCR y el PJ de Córdoba consolidaron sus estructuras a partir de repartos de puestos en más de una década de poder ejercida por cada uno. Luis Juez dejó como uno de los íconos de su gestión el nombramiento de sus compañeros de equipo de fútbol de una liga amateur . Eso sí, los tres partidos defienden la legitimidad de sus nombramientos y condenan la de los otros.

Por eso, para estar a tono, Schiaretti armó un concurso para nombrar a unas 1.400 personas en cargos de conducción, de modo tal que su gente corra con mucha ventaja.

En los jurados, no sólo no hay académicos ni representantes de ninguna otra organización que no sea la actual gestión, la línea interna del gobernador y el gremio del personal jerárquico, sino que muchos de los jurados para evaluar puestos jerárquicos apenas si tienen secundario aprobado.

Bajo la pátina de legalidad, Schiaretti se apresta a sumarse a la tradición de la política cordobesa, a la que tributaron Eduardo Angeloz, Ramón Mestre, De la Sota, Juez y otros, de llenar el Estado con seguidores y afines.

A veces, la calidad institucional sirve para crear organismos y dictar seminarios. Pero no mucho más que eso.