Una ley con problemas
“Se expande el universo de funcionarios que efectivamente deberán revelar su estado patrimonial, pero a costa de una herramienta más débil y menos efectiva.” Ramiro Álvarez Ugarte.
La ley recientemente sancionada por el Congreso sobre declaraciones juradas expande el universo de funcionarios obligados a revelar qué bienes poseen. Además, facilitará que los miembros de los poderes Judicial y Legislativo cumplan con esta obligación de una manera más efectiva: hasta ahora, jueces y legisladores fueron los más reticentes a revelar sus bienes.
Sin embargo, la norma tiene dos problemas serios. En primer lugar, dispone que las declaraciones juradas a entregar son las mismas que se entregan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), lo que empobrece el tipo de información que se pone a disposición de los ciudadanos. Las declaraciones juradas serán menos profundas y detalladas y la lucha contra la corrupción se verá empobrecida por esta reforma: se expande el universo de funcionarios que efectivamente deberán revelar su estado patrimonial pero a costa de una herramienta más débil y menos efectiva.
En segundo lugar, el instrumento deroga la Comisión de Ética Pública prevista en la ley N° 25.188. Esta norma, del año 1999, fue la respuesta de nuestra democracia a los altos niveles de corrupción de la década del noventa. Ella creaba un novedoso mecanismo a partir del cual ciudadanos de a pie integrarían una comisión independiente encargada de desarrollar estrategias para luchar contra la corrupción. La nueva ley deroga la comisión y nos priva de un mecanismo novedoso que, como sostiene el Ejecutivo, fracasó. Pero hay que señalar las causas de ese fracaso: una clase política que nunca quiso conformarla y que –finalmente– decidió que pase a mejor vida.
*Director del área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles.
