La Policía Judicial seguirá con medidas de fuerza

La Policía Judicial decidió continuar hoy con las medidas de fuerzas en reclamo de un rescalafonamiento masivo.

"Desde la medianoche habrá asambleas de cuatro horas por turnos y servicio mínimo en las cuatro horas restantes", aseguró Pablo Olmedo, delegado del área, luego de que ayer terminó una protesta de 96 horas.

Ayer, hubo adhesión de los empleados del Poder Judicial, con un acto frente al edificio de Tribunales I. El reclamo general según reiteró la titular del gremio judicial, Irina Santesteban, es un aumento salarial a partir de junio en el marco de la ley de porcentualidad, discusión de paritarias, reincorporación de dos cesanteadas y pase a planta de los contratados.

Santesteban afirmó que están "muy convencidos de la razón del reclamo", además solicitó al Tribunal Superior de Justicia "llame al diálogo sin condicionamientos".

El Tribunal Superior advirtió que no se retomarán las negociaciones hasta que no cesen las medidas de fuerza, a días del inicio de la feria judicial.

Una alta fuente judicial indicó que la adhesión al paro fue entre el 12 y el 15 por ciento en toda la provincia. Señaló que fue dispar ya que mientras en Villa María alcanzó el 61 por ciento en otros tribunales fue del cero por ciento. También la fuente remarcó que "día no trabajado es día no pagado".

Mientras, el gremio aseguró que desde mañana habrá asambleas en las sedes tribunalicias y desde el próximo lunes se comenzará con trabajo a código.

"El Tribunal Superior no negocia bajo presión, es el garante de la Justicia. Una asamblea de cuatro horas -como en Policía Judicial- pierde el carácter informativo para convertirse en una medida de acción directa", advirtió Gustavo Porcel de Peralta, administrador General del Poder Judicial.

Porcel de Peralta recordó la acordada en la que se señala que los servicios de Policía Judicial son considerados "esenciales", por lo que advirtió que se debe garantizar la prestación de servicios mínimos.

Tanto Santesteban como Olmos criticaron la decisión de contratar a una empresa privada para trasladar cadáveres. "El traslado de los cuerpos es la más mínima de nuestras tareas, se está perdiendo prueba, no van a tener los fiscales con qué imputar", cerró.

Por su parte el fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, afirmó que se continuará con el plan de contingencia a través del trabajo de autoridades especializadas y la contratación de la empresa privada.

"Hay un problema de alta sensibilidad social que tiene que ver con esto, paralelamente al derecho de huelga. Hay que buscarle alguna solución", dijo Vezzaro.

El fiscal expresó que en este momento hay dos morgueras trabajando y una tercera en proceso de compra y aseguró que no hay posibilidad de que se pierdan evidencias.