La oposición modifica su estrategia

Buenos Aires. La oposición intenta salir del fango en el que se hundió cuando ingresó en una lucha cuerpo a cuerpo con el Gobierno por los recursos del Estado y las reservas del Banco Central.

Por eso, el llamado Grupo A, que aglutina a todo el arco anti K que tomó el control de la Cámara Baja en diciembre, decidió barajar de nuevo y concentrar sus esfuerzos en una serie de iniciativas con las que aspira no sólo a ponerle límites al kirchnerismo sino también tener más llegada a los ciudadanos.

Los titulares y principales espadas de los bloques de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el socialismo, el Pro y la centroizquierda lograron trazar un principio de acuerdo para que las iniciativas que más les interesan lleguen pronto al recinto,.

El Grupo A ha tenido serios problemas para ponerse de acuerdo. Esta semana no pudo emitir dictamen en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para modificar el Consejo de la Magistratura, en un intento por sacarle el "poder de veto" que tiene el oficialismo. Los bloques mayoritarios de la oposición habían resuelto ampliar de 13 a 18 los integrantes para restarle poderío al Gobierno. Pero el acuerdo opositor se rompió porque el interbloque que conduce "Pino" Solanas rechaza, al igual que el kirchnerismo, la incorporación de un miembro de la Corte.

Atentos a este traspié, la oposición más dura decidió pedir prioridad a una decena de iniciativas sobre las cuales se abocarán a conseguir los consensos necesarios para obtener despachos de mayoría en comisión.

Los temas que priorizarán el Grupo A son la reforma del Indec, la acotación de las facultades de la Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario (Oncca), la baja en las retenciones al campo, la ley de libre acceso a la información pública, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo, la regulación de la publicidad oficial, una ley que establezca el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones, la eliminación de los superpoderes del Jefe de Gabinete y la creación de una comisión investigadora del comercio con Venezuela.

Tema por tema

Indec . Hay muchas propuestas, pero todas apuntan a darle mayor independencia al organismo para devolverle la legitimidad que perdió con la intervención del Gobierno en el área de precios al consumidor. Se busca la profesionalización de los cuadros técnicos y la autarquía del Instituto.

Oncca. Los agro-diputados plantean la eliminación de este organismo. Pero hay más consenso en sacarle a la Oncca las facultades que tiene para regular y frenar la exportación de productos agropecuarios y dejarle sólo la potestad de control de las mercaderías existentes.

Retenciones. los diputados de la Federación Agraria, Ulises Forte y Pablo Orsolini, postulan fijar topes para los tributos. El de la soja queda en 33 por ciento, el del maíz en 18 por ciento, el del trigo en 20 por ciento y el del girasol en 15 por ciento. Pero además plantean un sistema de devolución de lo que se paga para beneficiar a los pequeños y medianos productores.

Asignación Universal por Hijo. La Coalición Cívica y el Peronismo Federal han planteado la ampliación de este beneficio a todos los menores de 18 años. Felipe Solá quiere que abarque también a los 330 mil chicos que van a escuelas estatales de gestión privada y desde la centroizquierda Claudio Lozano quiere que llegue a los hijos de empleadas domésticas, inmigrantes y monotributistas.

Acceso a la Información. Sólo hay un decreto y hay consenso opositor para fijar por ley la obligación de todos los órganos del Estado a suministrar información a cualquier ciudadano.

Regulación de la publicidad oficial. La iniciativa fue dejada afuera por el kirchnerismo de la ley de medios. Se intenta establecer parámetros objetivos para distribuir la pauta en los medios masivos, de acuerdo al nivel de penetración que cada uno tiene en el mercado. La meta es que la publicidad del Gobierno "no sea una herramienta para domesticar las empresas periodísticas".

Glaciares. El Congreso aprobó casi por unanimidad hace dos años una norma que fue vetada. El autor, el ex K Miguel Bonasso, busca consensos para rechazar el veto.