La manía de reclamar perjudicando a la gente

La Constitución Nacional garantiza el derecho de huelga; en forma extensiva, la legislación permite el derecho a la protesta. Pero la modalidad adoptada por algunos gremios es que los reclamos –más alla de su legitimidad– perjudiquen con la mayor fuerza posible a la gente, que termina convirtiéndose en el pato de la boda. En la últimas semanas, hay tres conflictos que grafican esa metodología, donde también se mezclan internas gremiales.Quizá el caso más paradigmático sea la medida de fuerza que llevan adelante desde hace casi un mes los empleados de los centros de Participación Comunal de la ciudad de Córdoba, por el traslado de cuatro empleados del CPC Colón. Por esa decisión –que está contemplada en el estatuto municipal–, el sindicato de los municipales (Suoem), extendió la protesta a nueve de los 11 CPC, con paros encubiertos bajo asambleas. Los perjuicios que causa la medida a miles de usuarios y trabajadores que, con sus contribuciones, aportan para los buenos sueldos que cobran los municipales, no se pueden mensurar y en la mayoría de los casos ello afecta a trabajadores y sectores de menores recursos de la población. Desde vecinos de barrios alejados que se ven impedidos de pagar tasas y servicios hasta la renovación de permisos para propietarios de remises y taxis, entre otros trámites.Otro caso es la huelga que realizaron la semana pasada las azafatas y comisarios de a bordo de la aerolínea LAN. El conflicto comenzó por una pelea interna sindical, tras el ingreso como personal jerárquico de dos personas que responden a la Asociación de Aeronavegantes. LAN Argentina dijo que las azafatas no querían que vuelen en una misma aeronave tripulantes de cabina que no sean de su gremio.La huelga provocó la suspensión de más de 20 vuelos en el país y afectó a alrededor de seis mil personas que quedaron varadas sin ser recompensadas por nadie.El tercer conflicto, que hasta ayer persistía, es el de gremialistas del Banco Nación que bloqueaban la salida de camiones de caudales de la rampa de la casa central de esa entidad, en Capital Federal, para reclamar un bono extra por las Fiestas, impidiendo la distribución de dinero a los cajeros.La medida de fuerza ya había sido adoptada por los sindicalistas el jueves pasado. Ese día, decenas de jubilados soportaron casi cinco horas de espera para ingresar a algunas sucursales y cajeros a percibir sus haberes. ¿Es válido que el reclamo gremial, más allá de su legitimidad, pueda hacerse sin tener en cuenta el derecho de los demás?