Kammerath, sobreseído en la causa Thales
Estaba procesado por fraude, con un embargo millonario, por una concesión otorgada en 1997 a una empresa francesa de telecomunicaciones.
Buenos Aires. La Cámara Nacional de Casación Penal sobreseyó al ex secretario de Comunicaciones y ex intendente de Córdoba Germán Kammerath y a otros 12 ex funcionarios y empresarios en la causa donde se investigan irregularidades en la concesión del espacio radioeléctrico a la francesa Thales Spectrum (TSA) durante el Gobierno de Carlos Menem. La Sala IV del tribunal, por mayoría, consideró que Thales no incumplió los términos del contrato y que tampoco hubo un perjuicio económico en contra del Estado, informaron hoy fuentes judiciales.Junto a Kammerath también fueron sobreseídos Roberto Catalán, Alejandro Cima, Alberto Gabrielli, Matías Bourdieu, Jorge Neuss, Juan Carlos Cassagne, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Roberto Uanini, Juan Francisco Arancedo y Hugo Jorge Zothner.Todos ellos estaban procesados por el delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública, con embargos de 200 millones de pesos, pero Casación hizo lugar a sus apelaciones y los sobreseyó.En esta resolución no figura Menem, pero el ex Presidente tiene pendiente una apelación que podría resolverse con la absolución, en base a este fallo de Casación.Thales Spectrum obtuvo en 1997 la licitación del espacio radioeléctrico hasta 2012 por un canon de 500 millones de pesos, pero ante la denuncia de que se pagaron coimas para obtener el negocio el ex presidente Néstor Kirchner anuló en 2004 la licitación.En base a pericias, los jueces Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo sostuvieron que es "errado afirmar que TSA incumplió en tiempo y forma la obligación a su cargo" y dijeron que durante la puesta en marcha del sistema radioeléctrico la Comisión Nacional de Comunicaciones modificó las pautas establecidas en el contrato."No existen elementos de prueba suficientes que permitan sostener, fundadamente, que TSA incumplió con las obligaciones asumidas relativas a la provisión y puesta en funcionamiento del sistema informático ofertado", agregaron. También señalaron que en el caso tampoco hubo "alteración de la ecuación económica financiera en desmedro del Estado".
