Justicia y militancia legítima

Que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, haya dictaminado a favor de la elección popular de consejeros de la Magistratura, tal como establece la ley de “democratización judicial” que impulsó el Gobierno nacional, no sorprendió a nadie bien informado en ámbitos políticos y tribunalicios.

Desde que asumió en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en agosto del año pasado, la actual jefa de los fiscales jamás se ha opuesto política o jurídicamente a una medida del Poder Ejecutivo.

Si no lo hizo antes, al intervenir en disposiciones menos polémicas, no lo haría ahora con lo que aparece como la jugada más arriesgada que el kirchnerismo logró convertir en ley: la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que decide sobre la designación y destitución de los jueces y fiscales federales.

Tanto riesgo encierra la denominada “democratización judicial”, que su vigencia (que ya ha trastrocado la organización de las elecciones legislativas nacionales) depende de un fallo de la Corte Suprema, a pedido de la cual dictaminó ayer Gils Carbó.

La procuradora General, cuya designación –como lo establece la ley– fue propuesta por la presidenta Cristina Fernández, ha respondido con creces a la concepción kirchnerista de justicia.

No sólo ha dicho siempre que sí a las órdenes impartidas desde la Casa Rosada, sino que se ha puesto la camiseta para capitanear las iniciativas (consensuadas o polémicas) que el poder central impone en los fueros judiciales.

Lo hizo, por ejemplo, con la movida afín al kirchnerismo autotitulada “Justicia legítima”, que la tiene entre sus principales impulsores. El perfil “militante” que le ha dado a su actuación le valió denuncias (y una que otra imputación) que le recuerdan que la suya debe ser una función “independiente”. Al menos eso es lo que señala la Constitución Nacional.