Investigan si hubo intromisión del FBI en caso de pedofilia en Córdoba
La Justicia ordenó a Cancillería convocar a una diplomática de EEUU que denunció el caso. La Embajada de ese país se mantiene en silencio.
La Cancillería deberá convocar a una mujer que sería agregada diplomática del FBI en la embajada de Estados Unidos en Argentina para que aclare cómo es que presenció la supuesta distribución de imágenes de contenido pedófilo en un hotel de Córdoba. No sólo para ampliar su denuncia sino para que se determine si es que hubo una operación de ese organismo en nuestro país.La sospecha es, entonces, que podría haber habido una incitación por parte del FBI para detectar al pedófilo.La Voz consultó a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires sobre el caso, pero una vocera del área de Asuntos Públicos respondió que "en la fecha" no habrá ninguna declaración.El caso. La historia comienza con una nota que esta supuesta diplomática, Beth D. McConn, envió en septiembre de 2010 al jefe de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal, Carlos Savalo, advirtiendo sobre un usuario radicado en la Argentina que estaría distribuyendo "imágenes de pornografía infantil" a través de un programa de chat (ver El caso de pedofilia por el cual se lo cuestiona al FBI). ¿Cuándo? el 30 de mayo de 2010 a las 12.35 y el 31 de mayo de 2010 a las 2.57 en un hotel de la Capital cordobesa cuyo nombre se conoce pero no se difundió, además de un nombre de proveedor de Internet.Esa comunicación terminó en una causa judicial que instruye el juez porteño Juan Ramos Padilla, quien se sorprendió de la situación puesto que "el FBI carece de jurisdicción en la Argentina y en todo caso la Cancillería debería conocer esta situación". Por eso convocó ya en cuatro ocasiones a la mujer, oficialmente "asesora jurídica"del FBI, sin resultado. Vía diplomática. Ramos Padilla remitió un oficio a la Cancillería en que pide que convoque a McConn y en el que ordena que, si las convocatorias se siguieran desoyendo, deberá notificarse a las autoridades diplomáticas estadounidenses sobre la situación."Lo que en apariencia podría ser la comisión de un delito por un ciudadano de nuestro país, descubierto por investigadores estadounidenses, podría ser también la respuesta de una acción provocada justamente por aquellos agentes (del FBI) tal como ya sucedió y fue reconocido por el más alto tribunal de los Estados Unidos", advirtió el magistrado.En ese sentido, citó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1992, en un expediente en el que "agentes federales estadounidenses le enviaron al imputado durante dos años diversos panfletos de supuestas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, con el objeto de persuadirlo de que comprara a través del correo material pornográfico sobre menores de edad, y éste finalmente hizo un pedido. A su arribo, la policía lo detuvo en su domicilio"."Por más aberrantes que sean los hechos, están en juego valores superiores, concretamente las garantías individuales que tienen primacía incluso sobre el interés de la sociedad en que los delitos sean investigados. No interesa aquí las características del delito, por más repugnante que este sea. Estos principios son muy caros para los argentinos que durante la última dictadura militar padecieron justamente la exclusión del poder judicial en las competencias que le son propias, exclusivas y excluyentes", resumió el juez.

