Hasta ahora, el concurso más polémico

En septiembre pasado, días antes de que se rindieran los polémicos concursos para cubrir 747 cargos jerárquicos de la administración pública provincial, el titular del gremio Unión del Personal Superior (UPS), Domingo Ovando –enfático defensor y coorganizador del llamado– sorprendió al denunciar que en la Subsecretaría de Transporte existían presiones políticas en defensa de punteros que se desempeñaban como interinos y en detrimento del personal técnico de carrera. La advertencia pareció surtir efecto y todos los cargos de esa dependencia quedaron en manos de personal de carrera, excepto uno: la Dirección de Organización y Gestión, donde el primero en el orden de mérito es Gustavo del Valle Castro, quien se desempeña de manera interina en ese puesto. En la estructura orgánica, aparece segundo en orden de jerarquía después del subsecretario.La historia de este funcionario político confirmado por concurso –aunque aún no designado y supuestamente en dudas tras la consulta de este diario a fuentes oficiales– es una entre las de más de tres centenares de militantes y aportantes a la campaña de Unión por Córdoba que ganaron el concurso para los máximos cargos administrativos. Pero tiene algunas particularidades que sorprenden. Larga carrera política. Castro es peronista y es de Punilla. Fue empleado del Congreso de la Nación, concejal de Tanti, intendente de esa localidad, senador provincial entre 1997 y 2001 y miembro de la Legislatura unicameral entre 2001 y 2003. Según el Boletín Oficial de Córdoba , poco antes de las elecciones de 2007 fue nombrado "director de la Dirección de Transporte" de la gestión de José Manuel de la Sota y en enero de 2008, Juan Schiaretti lo designó como interino en la Dirección de Organización y Gestión, donde ahora continuaría por cinco años, debido a que ganó el concurso. Según lo que indican los antecedentes académicos presentados al tribunal de concurso, en 1999 Castro completó el bachillerato a distancia para adultos en la Institución San Ignacio de Servicios Educativos, de La Rioja. Pese a tratarse de un cargo técnico, le ganó a un empleado de vasta antigüedad, que además es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un posgrado en transporte y acredita dilatada trayectoria como docente universitario. Se trata de Juan Carlos Carda, ex director de Tránsito de Córdoba durante la gestión de Rubén Martí y secretario de Servicios Públicos de Villa Carlos Paz hasta hace poco, quien perdió por un punto frente a Castro, con voto dividido del jurado.La calificación de "muy buen desempeño" en el cargo que le otorgaron sus superiores fue fundamental para el puntaje total de Castro. Esto pese a que el funcionario, que entre sus tareas tiene "el otorgamiento de permisos precarios de circulación a las unidades afectadas al transporte de pasajeros" y la realización de "informes referidos a trámites de concesiones, permisos y altas y bajas de unidades", fue juez y parte en varias ocasiones, violando el Estatuto del Personal de la administración pública provincial. Transferencia. El 1° de diciembre de 2008, cuando hacía casi un año que estaba como interino en el cargo, Castro recibió a su nombre un colectivo de la empresa Lumasa –de Huerta Grande, Punilla–, directamente controlada por el funcionario. Según el informe del Registro Nacional de Propiedad Automotor, el minibús Mercedes Benz dominio GJD954 perteneció a Lumasa Viajes SRL hasta diciembre de 2008, cuando fue transferido al ya director de Organización y Gestión de la Subsecretaría de Transporte. El colectivo permaneció en manos de Castro hasta el 30 de octubre de 2009, cuando fue transferido a su hija, Renata Castro.Tres semanas después, el 19 de noviembre de 2008, la joven Castro –que entonces tenía 22 años, según delata su DNI– fue autorizada "para prestar por el término de 10 años un servicio especial, obrero y escolar con centro en Tanti y bajo la denominación de Horizontes Viajes". La misma resolución de la Subsecretaría de Transporte la habilita a incorporar el minibús que días antes le había transferido su padre.Los superiores de Castro prefirieron no hablar del caso y dejaron el descargo en manos del propio funcionario. Castro reconoció haber recibido a su nombre el colectivo de Lumasa, pero insistió en que fue "comprado de buena fe", aunque aceptó que esa transacción era incompatible con su cargo. Explicó que su hija mayor estudia turismo y que decidieron poner una empresa familiar en ese rubro, que él conoce de cerca por ser la segunda autoridad en Transporte. Recalcó –y esto también fue informado desde la Subsecretaría– que para habilitar la empresa a nombre de su hija "se apartó del trámite". Empresa familiar. La empresa familiar fue viento en popa y hace algo más de un mes Horizontes Viajes fue autorizada a incorporar otra unidad de transporte. Ahora, un Scania 2006 de 62 asientos, dominio FHX556, que antes pertenecía a Costa Viajes, también de Huerta Grande y que depende asimismo de Castro en lo que hace a su habilitación provincial. "Emprendimientos como el nuestro, que son pequeños y familiares, no acceden a financiamiento para un colectivo 0 Km. "¿A quién quiere que le compre un colectivo usado si no es a una empresa de transporte?", indicó Castro cuando este diario le preguntó cómo es que tiene relaciones comerciales con las empresas que él controla desde Transporte.Apenas un caso entre centenares. Apenas un cargo –aunque quizá el más polémico hasta ahora– entre los 747 puestos de los que dependen las decisiones fundamentales de la administración pública provincial.

Conductas prohibidas por ley

Estatuto. La ley 7.233 fija las normas que regulan el empleo público en la administración de la Provincia de Córdoba.Prohibiciones. Entre muchos otros hechos, la ley prohíbe a los agentes públicos "patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones"; "asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración"; "recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o adjudicaciones otorgadas por la administración provincial"; "mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones con entidades privadas directamente fiscalizadas por la repartición en que presta servicios".