El Gobierno le paga una primera cuota a la CGT

Buenos Aires. El Gobierno nacional ordenó una transferencia de 276,3 millones de pesos desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Superintendencia de Servicios de Salud. Este es el organismo encargado de la regulación y control de las obras sociales. Se trata de un primer gesto que realiza hacia el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, quien antes de la gira de la presidenta Cristina Fernández por Medio Oriente, le reclamó que le saldara una deuda que estima en 6.000 millones de pesos con las obras sociales.Mediante la resolución 11/2011, publicada ayer en el Boletín Oficial , la Secretaría de Hacienda le ordenó ayer al Banco Nación que retire 276,3 millones de pesos de la cuenta recaudadora del Fondo Solidario de Redistribución y se lo pase a la Superintendencia de Servicios de Salud. Ese fondo se constituye con una suma que varía entre el 10 y 20 por ciento de los aportes y contribuciones de empresas y trabajadores a las obras sociales sindicales.De acuerdo con la normativa, el fondo tiene por objetivo financiar los tratamientos de salud de alta complejidad que no pueden afrontar las obras sociales y, además, los gastos administrativos de la Superintendencia de Salud.Se estima que el Fondo Solidario de Distribución recaudó a lo largo del año pasado alrededor de 3.500 millones de pesos. En ese período, los gastos en tratamientos de salud de alta complejidad y los de la Superintendencia sumaron 1.122 millones de pesos. De modo que sólo el año pasado el Gobierno se quedó con casi 2.400 millones de pesos que los sindicatos conducidos por Hugo Moyano consideran propios, aunque no está establecido legalmente que sea así.En rigor, la deuda que reclama la central obrera comenzó a engordar durante la gestión de la ex kirchnerista Graciela Ocaña al frente del Ministerio de Salud.Ocaña sospechaba –como se sospechó durante décadas–, que existían desvíos de dinero de ese multimillonario fondo en lo relacionado a los tratamientos de alta complejidad.La ex ministra de Salud pensaba que los sindicatos simulaban que debían afrontar costosos tratamientos de salud para sus afiliados con el fin de quedarse con el dinero y por ello no les habilitaba las transferencias del Fondo.Por eso, siempre ha sido motivo de puja el nombramiento de los funcionarios de los que dependen esos recursos.De hecho, el juez Norberto Oyarbide imputó al ex superintendente y ex recaudador de campaña K, Héctor Capaccioli, por asociación ilícita y lavado de dinero. Es por la sospecha de que Capaccioli permitió la comercialización de medicamentos adulterados entre el empresario de la salud Néstor Lorenzo (jefe de la asociación ilícita) y el titular de La Bancaria, Juan José Zanola, quien permanece detenido.En sus considerandos, la resolución de Hacienda establece que "el Banco de la Nación Argentina transferirá, con fecha 24 de enero, los fondos correspondientes a las cuotas de programación de la ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud".De acuerdo con fuentes sindicales, los excedentes del fondo deben redistribuirse de manera anual y de forma equitativa entre todas las obras sociales.Para ello deben seguir una serie de variables entre las que figuran cantidad de afiliados, salario de los aportantes y cantidad de jubilados que atiende esa obra social. Se estima que a la obra social de los empleados de comercio, Osecac, le corresponderían más de 250 millones de pesos.