"Fue un grave ataque a la libertad de expresión"

La embestida del líder de la CGT, Hugo Moyano, contra los medios de comunicación, con una fuerte amenaza respecto de la información vinculada a las investigaciones que lo involucran, puso una vez más de relieve el accionar sistemático de sectores próximos al kirchnerismo para silenciar cualquier discurso que no coincida con sus intereses. Para el titular de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel De-ssein, los episodios de la semana pasada constituyen uno de los atentados más graves contra la libertad de prensa desde el regreso de la democracia.Dessein, miembro del directorio de la empresa que edita el periódico La Gaceta , de Tucumán, estuvo ayer en Córdoba, donde visitó La Voz del Interior , en el inicio de una recorrida por los diarios de todo el país. Fue recibido por el gerente general, Osvaldo Salas, y por el director periodístico, Carlos Jornet, con quienes analizó el presente y el futuro de la prensa. Posteriormente, dialogó con un periodista de este diario para repasar la preocupación del periodismo por el accionar del oficialismo en busca de cercenar a los medios independientes. –¿Cuál es su lectura de la relación del Gobierno nacional y la prensa, después de tantas advertencias sobre los avances y ataques al periodismo de entidades nacionales e internacionales, y en un año en el que, además, habrá elecciones? –El episodio más reciente, el de las declaraciones del jefe de la CGT, Hugo Moyano, constituye uno de los más graves atentados contra la libertad de expresión desde 1983 a la fecha. Un claro intento de intimidación, de censura, de presión sobre los periodistas. El jefe de prensa de Camioneros (Raúl Altamirano) dijo que mandaría a miles de personas a los diarios para que digan de dónde sacan la información. Es muy grave. Recordemos que en los últimos 90 días hubo tres bloqueos muy graves a diarios en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un bloqueo a AGR, que imprime la revista Viva y la revista Rumbos , ésta última para 19 diarios del interior del país. Después hubo un bloqueo que afectó la salida de Clarín y La Nación y posteriormente otro que afectó la salida de numerosos diarios en la ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, lo más alarmante es la pasividad policial, la inacción estatal, el silencio oficial. El Gobierno no sólo no debe atacar a la prensa, como lo ha hecho, sino que debe velar para que otros no lo hagan. –Además de la acción de los grupos aliados al Gobierno, ¿hay una acción del propio Ejecutivo en busca de limitar y condicionar la acción de la prensa? –Hay una larga serie de ataques. En el último año y medio, el período de ataques a la prensa más graves desde la reinstalación de la democracia, ocurrieron la sanción de la ley de medios, con artículos que fueron suspendidos por la Justicia por inconstitucionales; un embate muy duro contra la empresa Papel Prensa; agravios y ataques de funcionarios a periodistas; pinchaduras de teléfonos y correos electrónicos; regulación arbitraria de la distribución de diarios... Es decir, todas medidas abusivas y que implican un avasallamiento y que desnudan la voluntad del Gobierno de controlar al periodismo independiente. –También hubo un manejo discrecional de la publicidad oficial, que mereció hasta un fallo judicial para intentar una rectificación. –La Corte Suprema condenó la discriminación publicitaria a que fue sometida la editorial Perfil durante el kirchnerismo. La publicidad oficial es una herramienta de cooptación. Tuvo un crecimiento geométrico, que pasó de 46 millones en 2003 a 1.200 millones hoy. Es usada para premiar y castigar. Hay una serie de medios paraoficiales que surgieron al amparo de esa pauta, medios que no pueden tener ninguna independencia en su línea, porque no tienen autonomía económica. En 2010, en los diarios, 44 por ciento de la publicidad oficial fue a parar a dos grupos: el que imprime Página 12 y el grupo Spolsky, pese a que tienen tiradas muy bajas respecto del resto de los medios impresos. –¿Y esto se reproduce en las provincias? –Se reproduce en las provincias y en la televisión. En la TV abierta, el 65 por ciento se concentró en canal 9, que está tercero en el ranking . Canal Trece, que está primero en el ranking , recibió sólo el cinco por ciento. En el interior, la publicidad oficial llega a cuentagotas, sin tener en cuenta que la tirada en conjunto de los diarios del interior es muy significativa. En la Argentina hay unos 190 diarios, de los cuales sólo 14 están en la ciudad de Buenos Aires. Además, muchas gobernaciones también distribuyen de forma discrecional y arbitraria sus pautas. –O sea, varios gobernadores repiten la conducta del Gobierno nacional... –Hay un vacío desde el punto de vista legal, ya que no existe una ley que reglamente la distribución de la pauta con criterios objetivos. Hoy ésta es usada como una herramienta proselitista, y eso es grave. Son recursos públicos, de todos los ciudadanos, usados de manera arbitraria. Hay un proyecto de ley, unificado por la oposición, que fija la pauta en función de niveles de audiencia, criterios geográficos y un registro para darle transparencia, para que la gente sepa a dónde se destina la publicidad oficial, cosa que hoy no existe. También debe estar prohibida la utilización de pauta gubernamental los dos meses antes a una elección. –¿Cree que el proyecto será sancionado? –El Gobierno está haciendo todo lo posible para frenarlo y, si no lo logra, va a hacer todo lo posible para que salga después de las elecciones. Lo importante es la señal de la Corte de que no se puede usar la pauta oficial para discriminar medios. –En los medios públicos, más que un discurso propagandístico al Gobierno, hay un ataque sistemático a cualquier mensaje de la prensa que no coincida con los intereses del oficialismo. ¿Cuál es su valoración? –Ése es un gran tema, que pasa por la necesidad de definir cuál es el rol que debe cumplir el medio público en una sociedad democrática. Las prácticas de los medios públicos y de algunos programas, tienen no sólo un componente reñido con el sistema democrático, sino también con claros rasgos autoritarios.