Fondos directos a municipios, listos para ser ley en marzo

Buenos Aires. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que destina 1.129 millones de pesos para que la Casa Rosada pueda ayudar directamente a los municipios obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario y quedó listo para que en marzo se transforme en ley. Como el kirchnerismo tiene amplia mayoría en dicha bicameral, ayer no tuvo inconvenientes en dar un rápido visto bueno. La oposición radical firmó un despacho en minoría y cuestionó técnicamente el DNU y también políticamente: denunció que se violan las autonomías provinciales ya que el dinero llegará directamente a las comunas sin la intermediación de los gobiernos provinciales. La reunión de ayer de la Bicameral inauguró las actividades de las dos cámaras en este 2013. El kirchnerista Jorge Landau, titular de la comisión, explicó que en situaciones de emergencia el Gobierno está autorizado a implementar un programa de ayuda financiera para dar auxilio a las jurisdicciones y que forma parte de la relación directa entre el Estado Nacional y los municipios. Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara Baja, Agustín Rossi, aseguró que se trata de una "política criteriosa" y que los gobernadores "deberían estar contentos de tal relación directa porque sino los intendentes les pedirían a ellos los fondos".Desde el radicalismo, el diputado Juan Pedro Tunessi acusó al Gobierno de distribuir los fondos discrecionalmente "discriminando a los municipios que no son afines". El legislador culpó a la Presidenta por hacer del uso de los DNU una "práctica permanente" y opinó que con el recientemente sancionado se obligará a los intendentes "a pedir de rodillas". En su exposición, Tunessi afirmó que "la Argentina tiene déficit fiscal" y reprobó la utilización de las reservas del Banco Central y los recursos de la Anses como únicas fuentes de financiamiento. El dictamen radical señala: "Al disponer la asistencia directa del Gobierno Nacional a los municipios se configura un doble agravio a las instituciones de la Constitución: por un lado, el Ejecutivo una vez más, se arroga para sí facultades legislativas propias e indelegables del Congreso y por el otro, lo hace avanzando gravemente sobre la autonomía de las provincias".