Examen de transparencia

El primer concurso abierto a toda la ciudadanía para cubrir los 747 cargos permanentes más importantes de la administración provincial –los puestos ofrecen sueldos de entre seis mil y 7.500 pesos– apenas convocó a algo más de una persona no perteneciente a la planta política o permanente de la Provincia por cada puesto en disputa. ¿Cuántos profesionales se presentarían a un llamado de similares características y sueldos en el sector privado? La baja participación particular es tal vez el indicador más importante de la desconfianza que rodea a los concursos organizados por los hombres del gobernador Juan Schiaretti. El Gobierno hoy es el gran evaluador, ya que designó a dos de cada tres jurados de concurso. Pero es también el principal evaluado en materia de transparencia. Tendrá la difícil tarea de rebatir las versiones que indican que el llamado es una parodia para legitimar la permanencia de militantes de Unión por Córdoba en lugares clave del Estado provincial.La andanada de críticas generó cuatro respuestas oficiales. La primera fue decir que el Gobierno se limitaba a cumplir la Ley 9.361, que efectivamente ordena el llamado. La segunda fue reemplazar a algunos miembros de los jurados. La tercera, convocar de apuro a un comité académico de seis miembros provenientes de la UTN, la Facultad de Derecho de la UNC y la Universidad de Villa María. Por último, convocó a escribanos para que constaten que las preguntas de los exámenes se elaboraron ayer y se guardaron bajo siete llaves, para aventar las versiones de que muchos interinos disponían de los cuestionarios desde hace días.El esfuerzo por transparentar es muy válido. Lo cierto es que la respuesta a todas las preguntas se conocerá el 20 de septiembre, con la publicación del orden de mérito. Si los cargos quedan en manos de quienes los ocupan hoy por designación política, los esfuerzos habrán sido parte de una parodia.