Ex-presos políticos denuncian persecución del Gobierno provincial

El Ministerio de Justicia de la Provincia ordenó la intervención administrativa de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, una medida que fue rechazada por un sector mayoritario de esa entidad y por representantes de distintos organismos de derechos humanos. Ayer, uno de los vocales de la asociación, Rodolfo Novillo, atribuyó "intenciones políticas" a la decisión del Gobierno. "Como nosotros somos críticos con su gestión, De la Sota nos persigue", señaló.En diálogo con este diario, la ministra de Justicia, Graciela Chayep, negó que la intervención tenga que ver con cuestiones políticas. "Esto es una intervención administrativa que se dispone por una serie de irregularidades cometidas por la comisión directiva de esa asociación", dijo Chayep. Y precisó: "Irregularidades en la rendición de subsidios, en los balances y en los padrones, además de problemas insalvables de convivencia entre tres o cuatro sectores del organismo que están enfrentados".La funcionaria dijo que "desde hace ocho meses" la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas "está tratando de solucionar el problema para evitar la intervención". Pero que luego de "tres encuentros de mediación" que no arrojaron resultados, se dispuso avanzar con esa medida que prevé la ley."Algunos miembros de la comisión directiva le cambiaron la cerradura a la puerta de entrada de la sede de la organización", detalló Chayep para ejemplificar la situación interna.La funcionaria señaló que el objetivo de la intervención, a cargo del también expreso político Daniel Roberto Juez, "es muy puntual: normalizar el funcionamiento, investigar las irregularidades y llamar a elección de autoridades en un plazo de 90 días".Además, dijo que las partes de la entidad pueden ofrecer veedores, y aseguró que el expediente "es público". Rechazo y probable amparo. El rechazo a la intervención de la Asociación de Ex Presos Políticos fue parte del documento que firmaron dirigentes del kirchnerismo cordobés, el miércoles último, durante el festejo del Día del Trabajador que se realizó en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Ayer, miembros de la conducción del organismo intervenido convocaron a una conferencia de prensa para manifestar su rechazo y atribuirlo a una persecución política.Novillo, de la conducción intervenida, dijo que "no hay motivos que justifiquen la intervención, ya que se actuó conforme lo establece el estatuto".Si bien admitió diferencias internas que surgieron con la aprobación de la ley de reparación para ex presos políticos (ver aparte), Novillo aseguró que esos problemas se estaban resolviendo mediante el estatuto. Pero acusó al Gobierno provincial de "obstaculizar el uso de los resortes que da el estatuto; por ejemplo, convocar asambleas extraordinarias, realizar elecciones anticipadas, etcétera".Con el respaldo de miembros de la Agrupación Hijos, de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y de Emilia D'Ambra (de la Asociación de Familiares de Desaparecidos), Novillo manifestó que el Gobierno los persigue: "De la Sota decidió la intervención porque criticamos su política de derechos humanos; la persecución por portación de cara, la vergüenza del hospital de Bell Ville, la represión en Cuesta Blanca y los recortes en los presupuestos para los espacios de la memoria". Separó esta cuestión de la disputa que enfrenta a las administraciones de De la Sota y de Cristina Fernández de Kirchner. "Esto es otra cosa", dijo Novillo. "No lo reconocemos". Miembros de la Asociación intervenida también cuestionaron la designación de Daniel Roberto Juez como interventor. "Se trata de alguien en quien no confiamos –señaló Novillo–; es cierto que también es ex preso político, pero no es confiable: es una persona sobre la que tenemos ciertas reservas". Este diario intentó contactar a Juez, quien no tiene relación de parentesco cercano con Luis Juez, el exintendente de Córdoba y actual senador nacional. Pero no pudo ser localizado por teléfono.Novillo dijo que, en rechazo de la intervención, van a presentar un recurso de amparo en los Tribunales provinciales y un recurso administrativo.

Cómo surgió el conflicto

Ley de reparación. El 24 de marzo de 2012, la Legislatura provincial aprobó la ley 10.048, que otorga $ 3.000 mensuales a ex presos políticos de la dictadura militar. Esa normativa, distinta del texto original que habían consensuado los miembros de la Asociación de Ex-Presos Políticos con los bloques mayoritarios, provocó la división de la comisión directiva de la entidad. El entonces presidente Antonio Alcázar y algunos miembros se distanciaron del grupo mayoritario que intentó cambiar las autoridades. Con matices, todos admiten que así comenzaron los problemas que derivaron en la intervención.