Estruendos y ¿negocios fallidos?

E l estrépito terrorista del 17 de marzo de 1992 que dejó en ruinas a la Embajada de Israel y cegó la vida de 29 personas, además de provocar mutilaciones en decenas de ciudadanos inocentes, se produjo durante la primera pre­sidencia de Carlos Menem. Además, en pleno apogeo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afín a esa administración. No en vano el máximo tribunal del país cargó por varios años con el mote de "mayoría automática menemista". Como ocurriría dos años después con la voladura de la Amia (cerca de 90 muertos), el gobierno de Menem estuvo bajo sospecha de no colaborar con la investigación y por presuntos negocios incumplidos con Irán, país al que se le adjudicó la responsabilidad política por los ataques. Dentro del fárrago de hipótesis, se dijo que las incursiones terroristas tanto en la Embajada de Israel cuanto en la Amia, obedecieron a pases de facturas a Menem por eludir compromisos contractuales bélicos con países de Medio Oriente. Entre estos negociados fallidos, habría estado incluido el proyecto misilístico Cóndor II, que se producía en Falda del Carmen y que fue desactivado de cuajo en 1993 por orden del gobierno de los Estados Unidos.Entre la galería de similitudes, también se especuló que la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, en noviembre de 1995, fue la consecuencia del incumplimiento por parte del Estado argentino de ventas de armas de guerra al exterior que se habían pagado y que nunca llegaron a destino; o, si se desembarcaron, los compradores se encontraron con pura chatarra bélica. La Justicia argentina, sin embargo, determinó el año pasado que ni Menem ni sus funcionarios anduvieron contrabandeando pertrechos y los absolvió de culpa y cargo.Un cúmulo de percepciones que se tejieron a poco de que la Embajada de Israel quedara convertida en escombros enfrentaría a dos teorías: una, que la explosión se había producido en el interior del edificio y, otra, finalmente confirmada, que daba cuenta de un coche bomba que fue arrimado hasta la vereda de la sede. ¿Hay diferencias de investi­gación y hasta políticas entre una y otra pista? Sí, por cierto.Uno de los expertos que se entrevistó con este diario precisó: "Si la bomba hubiera estado colocada en el interior de la sede, la responsabilidad mayor por la falta de seguridad hubiese caído en la Embajada. Pero como fue desde la calle, la responsabilidad por la seguridad pública es del Estado". ¿Será por eso el empeño de los pesquisas de aquella Corte por plantar en el escenario la teoría de la "implosión"?