El Estado ampliado y la doctrina de la excepción

"Pasa y siéntate. Tranquilízate. Imagínate que no soy yo...". Ni aunque el jefe de Gabinete de la Provincia hubiese iniciado su reciente carta a la Anses con ese dechado de expresiones de cordobesismo, la respuesta final hubiese sido distinta de lo que fue: total indiferencia y silencio. Antes, su tocayo nacional, Juan Manuel Abal Medina (h), ya había resuelto que un gobernador votado en la provincia no merecía una atención diferente. Una capitis diminutio que no le mezquinó tampoco a los diputados nacionales por Córdoba en su última visita al Congreso, cuando desconoció los acuerdos de financiamiento de obras. Mal de muchos que de seguro no traerá consuelos, pero tampoco debería asignarse exclusivamente a la soberbia de algún funcionario ayuno de sufragios. Hay una concepción del Estado en esas acciones que explica mejor las cosas. Cuando en los años noventa el actual jefe de Gabinete de la Nación enseñaba en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, sostenía con encomio la idea del Estado extendido o ampliado. Por oposición al Estado mínimo neoliberal, criticaba que la sociedad civil fuese la simple esfera de lo pre-organizacional, como en algunas teorías pluralistas. Acababa de sancionarse la reforma de la Constitución Nacional. Entonces, la voz de la actual Presidenta sólo abandonaba los elogios al modelo menemista para reclamar por el destrato federal a las provincias. Pero Abal Medina no concordaba con la noción de Estado presente en esa reforma. Señalaba a sus alumnos que en el enfoque extendido o ampliado "el Estado goza de mayor autonomía y tiene sus propias metas oficiales, es decir, practica intervenciones discrecionales en el sentido de que no necesariamente están consagradas en el marco restringido de las instituciones y las reglas establecidas en el contrato social". Con citas a Claus Offe, la ecuación sistémica de Abal Medina era expuesta así: La economía depende de la continua intervención del Estado para que elimine sus disfunciones. El Estado requiere capturar, para su funcionamiento, rentas de la economía. La sociedad genera demandas y pretensiones. Con los recursos obtenidos, el Estado debe proveerle los servicios para el bienestar. Si son eficaces, recibirá a cambio la "lealtad de masas", el insumo de legitimación imprescindible para mantener su capacidad coactiva. Aunque advertía –con un tenue guiño al clima de época– que no se trataba de sobreestimar a las burocracias; no se privaba en cambio de algunas ambigüedades riesgosas. Como afirmar que el Estado ampliado "se confunde con la sociedad y no es una organización claramente distinguible, ni demarcable". Hoy, Abal Medina es jefe de Gabinete de ministros y supervisa por encomienda presidencial al funcionariado de esa vasta extensión política. El Estado ampliado es quien resuelve –hasta el más ínfimo menudeo– la compraventa de divisas, la importación de cada medicamento, la remuneración de los juglares, la ponzoña en la tinta de los libros, la exportación de evasores al África o la impresión anónima de billetes. Decide si la azafata de la empresa LAN o el empleado del surtidor de Shell adquieren ciudadanía para reclamar por los perjuicios que pueda ocasionarles el "compre Cristina" dispuesto en favor de Aerolíneas Argentinas o YPF. En el Estado extendido es prioridad que la renta capturada (incluso ahora que hasta el Indec reconoce una retracción) subsidie al fútbol televisado en prevención de cualquier opio de los pueblos. Hasta tanto la lealtad de masas termine por asumir que no existe ninguna contradicción en un gobierno de multimillonarios que se llenan la boca hablando de hambre. Ese Estado aplica de modo restrictivo el marco normativo para hostigar las opiniones disidentes y lo expande con elasticidad discrecional para que, a toda hora y por cualquier circunstancia, se escuche una única voz por cadena nacional. Porque esa voz –y no la Patria– es soberana y tal parece que es doctrina ya aceptada, que soberano es quien decide en estado de excepción. La enumeración de ampliaciones podría seguir en serie exponencial. Pero incluso en ese Estado ensanchado, el voto autónomo de los cordobeses no vale para Abal Medina el precio de conceder una audiencia a sus gobernantes. Por ahora. Si se reforma la Constitución Nacional para consagrar la amplitud, acaso valga menos.