El reparto de ganancias recibió el aval de la CGT

Buenos Aires. La Confederación General del Trabajo (CGT) avaló ayer el anteproyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que en simultáneo recibió el rechazo oficial de la Unión Industrial Argentina (UIA). El borrador que elaboró el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, Héctor Recalde, también asesor de la central sindical, recibió el apoyo "total" del consejo directivo de la CGT encabezado por su secretario general, Hugo Moyano. Lo informó el secretario de Capacitación cegetista, Juan Schmid al término de la reunión de la que participaron siete diputados oficialistas de origen sindical, entre ellos la cordobesa Carmen Nebreda. El proyecto, al que anticipó su respaldo el jefe del oficialismo en Diputados, Agustín Rossi, ingresará la semana próxima.El trámite legislativo, sin embargo, podría alentarse en función de instalar semejante tema polémico ante la agenda social impulsada por la oposición, en torno al 82 por ciento móvil para los jubilados. Pareció dejarlo entrever de ese modo el propio Schmid cuando dijo: "Servirá para poner el tema en el Parlamento. Los que están en contra tendrán que decirlo, cuando al mismo tiempo apoyan el 82".Los puntos principales del anteproyecto son los siguientes: Se aplicará "en una primera etapa", según Schmid, a las empresas con más de 300 trabajadores y a aquellas con menos pero con alta facturación, en un monto a definirse. La distribución de las ganancias se hará después del pago de impuestos por parte de las empresas y será sobre el 10 por ciento de rentabilidad neta. De ese 10 por ciento, un cinco por ciento irá a financiar un "fondo solidario" para asignaciones a trabajadores no registrados ("en negro"). Las ganancias que sean reinvertidas no serán objeto de participación con los trabajadores. Será sobre las ganancias nominales, sin considerar el efecto inflacionario sobre las utilidades. No abarcará al personal de dirección, porque se considera que el mismo ya tiene incentivos que otorgan las empresas por rendimiento. El control de su aplicación estará a cargo de un consejo tripartito integrado por representantes del Estado, los trabajadores y las empresas. Schmid dijo que el proyecto apunta a "profundizar" la distribución de los ingresos, más allá de las negociaciones anuales en paritarias, supeditadas mayoritariamente a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. En tanto, la junta directiva de la UIA criticó el proyecto por considerar que atenta contra la inversión y fomenta la economía informal. "El verdadero camino para mejorar la distribución del ingreso requiere políticas públicas que promuevan la formalización de empleos y la mejora de los ingresos de los trabajadores en el resto de los sectores de la economía y no proyectos que van a atentar contra la inversión y la producción, fomentando el aumento de la economía informal", señaló.