El juez decidirá más medidas de prueba
Ercolini citará a otros testigos por los negocios con Venezuela.
Buenos Aires. El juez federal porteño Julián Ercolini va a profundizar la investigación sobre el supuesto pago de coimas para exportar a Venezuela cuando en los próximos días ordenará nuevas medidas de prueba y citará a nuevos testigos.
Las decisiones sucederán después que el Gobierno insistió en negar la existencia de una "diplomacia paralela" con Caracas y en acotar el alcance del testimonio que ayer dio ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados el ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron a este diario que entre hoy y mañana Ercolini se reunirá con el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, para unificar las medidas de prueba y los testigos a citar que tiene cada uno, y ordenar las mismas probablemente el lunes que viene.
Sin identificar a quiénes serán citados a declarar, las fuentes precisaron, en cambio, que las nuevas medidas de prueba estarán relacionadas con "la ruta del dinero", las cuentas bancarias, las empresas supuestamente participantes del presunto pago de coimas y los contratos de importación de gasoil desde Venezuela.
Serán una profundización de la investigación a partir del conjunto de medidas que ordenó el 28 de mayo pasado, cuando, entre otras, le pidió a la Cafma (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola) una lista de las empresas que participaron de exportaciones a Venezuela en el marco del fideicomiso creado en 2004 por los entonces presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez para el intercambio de combustible venezolano por productos argentinos.
La investigación se inició a finales de 2008 con una denuncia de la Coalición Cívica por presunta asociación ilícita contra Néstor Kirchner; el ministro de Planificación, Julio De Vido. También estaban involucrados otros ex funcionarios Claudio Uberti y Ricardo Jaime; el primero renunció al organismo de control de las concesiones viales cuando el caso de la valija de Guido Antoni Wilson con 800 mil dólares, mientras que el segundo lo hizo a la Secretaría de Transporte acosado por otras denuncias judiciales.
