El Estado comodín de los K

N i Estado ausente ni Estado presente. El aporte de los Kirchner a la ciencia política podría ser el "Estado comodín". La acción del Estado depende de las circunstancias, de si favorece o no al acrecentamiento del poder del grupo gobernante. Mientras las cúpulas enfrentadas de la política buscan el improbable modo de arrojar en el jardín contrario el cadáver de Mariano Ferreyra, hay razones de fondo por las cuales sólo era cuestión de tiempo para que esta tragedia sucediera. Cristina Fernández se hace la desentendida. Con rapidez, consideró que era impensable que su gobierno o sus socios políticos pudieran estar detrás de la muerte del militante, si se tiene en cuenta el historial limpio que pueden mostrar los Kirchner en materia de represión de la protesta social. Y eso es por completo cierto.Pero hay otros modos de mirar el problema, menos elementales.El más obvio es que, cuando desde la cúpula del Estado se permite –y en una primera fase se alienta– a vecinos de una ciudad a cortar un puente internacional durante tres años; cuando se engorda un conflicto en el que, como el del campo, ruralistas enojados amenazan con desabastecer a las ciudades; cuando se permite al principal aliado gremial del Gobierno, Hugo Moyano, cercar empresas para forzar el cambio de agremiación de sus empleados; cuando se premia con multimillonarios fondos y visitas guiadas a la Rosada a piqueteras que, como Milagro Sala, agreden a senadores de la Nación; cuando la propia Presidenta alienta la toma de escuelas porque implica un costo para un potencial competidor político, el Estado abandona su rol de árbitro de conflictos y garante de derechos. Más que un Estado que no reprime, es un estado que no es; ni represivo ni nada.Hay otro abordaje, más de fondo, que tiene que ver con el modo de gestión de la cosa pública que tienen los K: cómo manejan el fisco, sus políticas de subsidios y su decisión de que ciertos servicios en los hechos sean gratuitos, porque eso conviene a su consolidación política.Los trenes suburbanos del Gran Buenos Aires y el subterráneo de Capital Federal, operados por empresas privadas o por el Estado, según los ramales, recibirán el año próximo 3.612 millones de dólares. Son casi 10 millones de pesos por día. Algunas de esas transferencias son para obras o compra de equipos. Pero la enorme mayoría es para solventar los gastos corrientes. O sea, para el pago de salarios. Los operadores privados, a esta altura, son básicamente administradores de subsidios. En los subterráneos porteños, lo que se recauda por venta de boletos ya está a punto de no cubrir los costos del sistema de venta de boletos y de control de que los boletos se paguen. Un poco más y ya no tendrá sentido cobrarlos. En esta situación, la tarea principal de estas empresas consiste en mediar entre sus empleados y los funcionarios políticos que les firman los cheques. Los funcionarios políticos que firman los cheques provienen de los propios gremios ferroviarios, como el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. Luna es un ex conductor de locomotoras diésel que luego hizo carrera gremial en el sindicato de los maquinistas (La Fraternidad), hoy liderado por Omar Maturano. Neuquino, Luna asumió el cargo en 2006, luego de haber sido instructor en la Escuela General Roca, que depende de La Fraternidad, y secretario de Política Ferroviaria del mismo gremio. En sus lejanos orígenes, debe haber sido un peronista ortodoxo: en pleno lopezrreguismo (1975-1976) fue asesor de la Secretaría de Transporte.En un esquema de este tipo, ¿los recursos que pone el Estado tendrán el objetivo de mejorar la infraestructura, el servicio y la productividad del sistema ferroviario o, en su mayor parte, terminarán siendo prenda de una negociación inexistente, en la que los mismos intereses están de un lado y del otro del mostrador? Decida usted. Ese modo de administrar las cosas tiene, indefectiblemente, un efecto crucial: los gastos en personal se escapan a lo alto. Y se genera una brecha cada vez mayor con empresas del mismo sector, pero en la que la patronal no es el Estado. Obviamente, todos los que están en esa situación quieren pasarse al paraíso relajado de la empresa subsidiada, donde no hay quien se siente sobre la caja ni busca elevar la productividad. A esta altura, si las empresas tercerizadas son cooperativas truchas con testaferros que ocultan la verdadera propiedad en manos de gremialistas o si son contratistas privadas genuinas no tiene la menor importancia. La prueba está en la decena de días que Moyano tuvo cercada a Techint con la hipótesis de máxima (que Moyano no consiguió) de que los empleados de transportistas que trabajan para Techint pasaran a ser empleados de ese grupo.¿Cualquiera que reclame algo puede cortar una vía de tren? ¿Los gremialistas seguirán administrando fondos públicos en empresas cuyos empleados ellos mismos representan? ¿Lo harán con algunos sectores económicos y con algunas empresas, y con otras no? ¿Cómo podrán competir las que queden fuera de esta lógica que altera los precios relativos del trabajo?El Estado comodín no piensa en estas cuestiones. El manual de management público argentino se titula "Vamos viendo y le vamos dando". La mejor muestra es que jamás escuchamos a Julio De Vido ni a nadie contarnos cuál es la política ferroviaria. Todo depende de la conveniencia del momento y aguanta mientras haya cada vez más recursos para desperdiciar. Pensar en el largo plazo y en políticas sustentables es cosa de "sudacas escandinavizados", como chilenos y uruguayos.