Efectos colaterales

Todo lo que ha sucedido en las últimas tres semanas en torno de las dietas de los legisladores provinciales parece ser una consecuencia directa de la forma con la que el propio poder político ha manejado la gestión legislativa.

Cuando en 2001 José Manuel de la Sota impulsó la reconversión del Poder Legislativo al sistema unicameral y la llevó a cabo con el apoyo de la mayoría de los cordobeses, puso en evidencia una concepción de la responsabilidad parlamentaria. Coincidió esta medida, que redujo varias veces el presupuesto legislativo, con el afianzamiento de una tendencia: todos y cada uno de los proyectos que envió el Ejecutivo se aprobaron en la Unicameral casi sin modificaciones.

Para el gobernador de turno, llámese José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti, la Legislatura se transformó sólo en una escribanía. Hasta los propios legisladores terminaron depreciando su trabajo, casi a la par del descontento popular con todo lo relacionado con la política. Con un serio problema de autoestima, el Poder Legislativo provincial se limita, desde hace tiempo, a recibir lo que le dan en pago. Lo agradece cuando los gobernadores son generosos y lo recibe en silencio cuando no. Porque sabe, también, que sólo un tercio de sus 70 miembros trabaja a la altura de su responsabilidad.

En este marco, se entiende que nadie sepa a ciencia cierta cuánto debe ganar un legislador. Y que el Ejecutivo ensaye jugadas esquivas (como incumplir una ley generada por su propia fuerza política) para no hacerse cargo del costo.

Los legisladores Enrique Asbert y Silvia Rivero no son de los que menos trabajan y, ante ello, consideran justo reclamar que se les pague lo que la ley establece, no lo que el Poder Ejecutivo quiera darles. Pero el mecanismo que eligieron, por corporativo y provocador, volverá a desatar el enojo de una ciudadanía harta de que los poderes del Estado no resuelvan los problemas de todos antes que los de ellos.