Debaten cambios a la ley del Consejo de la Magistratura
Diputados debatía la reforma que propone aumentar de 13 a 18 los integrantes del organismo y modificar la actual composición.
La Cámara de Diputados continuaba debatiendo esta noche un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que, entre otras cuestiones, propone aumentar de 13 a 18 los integrantes del organismo y modificar la actual composición.
Debido a la cantidad de oradores anotados para exponer, la sesión podría extenderse hasta la madrugada.
Si bien la sesión se inició pasadas las 15 con la presencia de 162 legisladores, el debate puntual del texto comenzó pasadas las 18,30, luego de que los diputados polemizaran en torno a hacer públicas las afirmaciones realizadas por el ex embajador Eduardo Sadous ante la comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada.
Al defender el proyecto impulsado por la oposición, el titular de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, consideró que la reforma propuesta no es "la ideal" pero, dijo, "es la reforma posible que trasunta el acuerdo de una enorme cantidad de bloques".
"Es una norma superadora. Con estas modificaciones queremos dotar al Poder Judicial de una mayor independencia y eficacia. El país necesita como nunca una mejor calidad de justicia", aseveró Gil Lavedra, quien dijo que la propuesta opositora busca "dotar de mayor transparencia al organismo".
Desde el oficialismo, Alejandro Rossi, autor de otro de los dictámenes, consideró que la propuesta opositora es "un retroceso" y "no introduce ninguna variante que nos haga avizorar que lo que se viene es mejor", a la vez que consideró que la reforma merecía "un debate mas profundo".
"Estamos produciendo una reforma para la selección de jueces de los peores retrocesos en contra del ejercicio de justicia y de los procesos democráticos", dijo Rossi, quien añadió que "la salida era para adelante y no para atrás. Va a ser un poco más de lo mismo".Asimismo, el diputado del FPV por Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse, defendió la reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernadez de Kirchner, y se preguntó "por qué hay que modificar el organismo si ha funcionado bien", a la vez que consideró que "tiene más que ver con la necesidad de un triunfo político de la oposición".Desde Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, autora de otro de los dictámenes de minoría, se mostró a favor de una reforma del organismo "para repensar su integración", aunque se diferenció de la propuesta opositora y reclamó el traspaso de la justicia a la ciudad que, dijo, "merece tener sus propios magistrados".
A su turno, el diputado de la Concertación por Neuquén, Hugo Prieto, autor de otro de los dictámenes, consideró que la iniciativa opositora es "una opción política errónea que va contra la letra y el espíritu de la Constitución", al sostener que la nueva composición "tiene un 60 por ciento de representación de la coorporación judicial y en un 40 de representación política".
Jorge Yoma, del Frente para la Victoria por La Rioja, cuestionó el dictamen de la oposición y consideró que se trata de una "grosería institucional incalificable", a la vez que se pronunció a favor de que el titular de la Corte Suprema presida el organismo aunque dijo que "en la búsqueda del consenso opositor se lo pone sin facultades".
El texto establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado por 4 jueces, (incluido el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); 6 legisladores (3 senadores y 3 diputados) de las tres primeras minorías; 4 abogados; 3 académicos (2 abogados y 1 de las ciencias sociales) y 1 representante del Poder Ejecutivo.
Para lograr mayores consensos, el arco opositor debió aceptar, a último momento, los cambios propuestos por el bloque Proyecto Sur que buscaban acotar las facultades que tendrá el titular de la Corte Suprema de Justicia, que estará a cargo del organismo y sólo votará en caso de empate.
Entre otras cuestiones, la iniciativa incorpora normas de calidad de gestión y establece que los expedientes con los antecedentes de los aspirantes a jueces serán públicos y deberán estar disponibles en Internet, a la vez que dispone auditorías periódicas de tribunales de Justicia.

