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Culpan a la Justicia por el parate de la causa Mackentor

Damnificados dicen que se ha violado el plazo razonable de administración de justicia. Videla y Menéndez, procesados.

04 de noviembre de 2011 a las 12:01 a. m.
Culpan a la Justicia por el parate de la causa Mackentor

Las víctimas de la dictadura militar que formaban parte de la firma de obras viales Mackentor reclamaron a la Justicia Federal de Córdoba que termine el estado de parálisis de esa causa, y puntualizaron que de esa forma "se ha violado sistemáticamente la garantía del plazo razonable en la administración de Justicia". "En el caso Mackentor la investigación penal de crímenes de lesa humanidad está en los hechos paralizada por actos procesales de los imputados, que claramente pretenden dilatar 'sine día' el proceso de investigación. Pero también hay responsabilidad de la Justicia en cuanto no declara la inadmisibilidad formal y sustancial de estos incidentes procesales dilatorios y maliciosos", sostiene una presentación que elevó a la Cámara Federal el abogado y diputado nacional Juan Carlos Vega, en representación de los damnificados por este hecho. Sostuvo, al respecto, que esta investigación judicial de "crímenes de lesa humanidad" cometidos contra directivos, accionistas y abogados de Mackentor, "lleva ya más de 13 años a cargo de la Justicia Federal de Córdoba".En este expediente están procesados el ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex general Luciano Benjamín Menéndez, entre otros represores. El caso data de abril de 1977, cuando tropas al mando de Menéndez ocuparon todas las empresas de Mackentor y secuestraron a 29 personas, entre ellas directivos, gerentes y empleados superiores del grupo, al que la dictadura acusaba de "sostén financiero de la delincuencia subversiva".Mackentor estuvo en poder de los militares hasta 1984, fecha en que su presidente y principal accionista Natalio Kejner pudo regresar de su exilio forzoso a la Argentina. En una primera instancia, la empresa perdió un juicio contra el Estado y fue obligada a pagar alrededor de dos millones de dólares de costas. Vega sostuvo que hay dos cuestiones sobre la que accionan: la condena de los procesados por delitos de lesa humanidad, y la "nulidad absoluta" de aquel fallo adverso. De hecho, también la recuperación del aquel monto por honorarios.