Costa denunció a Accastello por la publicidad oficial
Entiende que se viola la Carta Orgánica que prohíbe los avisos durante los 60 días previos a la elección. El intendente acumula tres denuncias penales.
Villa María. Tres denuncias penales contra el gobierno de Eduardo Accastello se acumularon en los últimos seis meses en los Tribunales de Villa María. En todos los casos, las presentaciones vienen del sector del secretario de Ambiente de la Provincia y candidato a intendente, Raúl Costa, quien en persona se presentó a primera hora del lunes para denunciar al mandatario y posible contendiente electoral en los próximos comicios, "por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad". Costa lo acusa de "violar todas las disposiciones sobre la veda electoral, en materia de publicidad y propaganda oficial". La denuncia se basa en el artículo 13 de la Carta Orgánica Municipal, que prohíbe estas acciones "durante el término de 60 días inmediatamente anteriores a cualquier elección". Los comicios municipales son el 26 de junio, por lo que Costa entiende que la publicidad oficial debería haber cesado el 26 de abril.El secretario de Gobierno municipal, Rafael Sachetto, consideró que lo de Costa es "una acción para ensuciar la elección". "La denuncia que se plantea no tiene fundamentos por dónde se la mire. Está buscando una excusa para luego no ser candidato", afirmó. La denuncia fue radicada en la fiscalía de Instrucción a cargo de Félix Martínez, donde ya hay otras dos presentaciones. Una de diciembre de 2010 por el destino de 500 mil pesos que el Ministerio de Agricultura envió para la muestra agroindustrial Ericca. El concejal Ricardo Pereyra (democracia cristiana) entendía que con parte de ese dinero se benefició a un particular, la Sociedad Rural Villa María.En enero, Pereyra volvió a tribunales para denunciar un supuesto cobro indebido por parte de la Cooperativa 15 de Mayo, concesionaria de agua y cloacas. Desde el 2009 vienen una denuncia del Tribunal de Cuentas sobre el traspaso de fondos al Eninder, que en menos de una semana fue cerrada por el fiscal Gustavo Atienza, y otra del legislador Alejandro Roganti por supuestos sobreprecios en la reforma de la costanera, que hasta ahora no tuvo mayores avances, salvo las dos ampliaciones realizadas por el propio denunciante.

