Controlar una empresa reducida

A simple vista, la ofensiva del Gobierno central y las provincias petroleras contra YPF tuvo como objetivo reducir el precio de la compañía para conseguir que el Estado y/o empresarios aliados se queden con ella. En enero, Repsol-YPF cotizaba por 16 mil millones de dólares en la Bolsa de Nueva York. Hoy, está valuada en la mitad: 8.300 millones. Es que hasta ayer a la mañana había perdido 13 áreas de producción de crudo en seis provincias y por la tarde el Gobierno de Santa Cruz le restó otras tres. En total, en menos de un mes YPF perdió 16 áreas que implican un 19 por ciento del petróleo que produce. Es decir que el desguace fue de una quinta parte y podría escalar. Ahora, ¿qué sentido tiene que el Estado ingrese a una compañía desguazada, si lo que dice que busca es llevarla a un pico de producción para salir de la crisis energética? En concreto, si se anuncia hoy una nueva etapa de YPF, reestatizada, el Estado controlará una empresa más pequeña que la que se conoció hasta ahora. Más aún si Chubut decide revertir el área de Manantiales Behr, en el golfo de San Jorge, que significa más del ocho por ciento de la producción de crudo de YPF (que quedaría un tercio más chica que en enero). Habrá que prestar atención a un mapa más amplio y complejo que está dibujándose. Una empresa estatal, manejada por el kirchnerismo, tendrá como satélites a las empresas de energía provinciales y a empresarios cercanos al Gobierno, como la familia Bulgheroni o Cristóbal López, que podrían operar yacimientos que fueron quitados en las últimas semanas a YPF. Todos –Estado, empresarios "amigos" y empresas provinciales– deberán hacer un esfuerzo coordinado para que Argentina recupere el autoabastecimiento energético. Si no, la nueva etapa que se anunciaría hoy no tendría demasiada explicación.