Con la Policía, el Gobierno evitó la toma de hospitales

Con una fuerte custodia policial en los 15 hospitales públicos que existen en la Capital, el Gobierno provincial evitó ayer que los trabajadores del área de salud tomaran los centros asistenciales. A través de la intervención del fiscal General, Darío Vezzaro, quien le pidió al jefe de la Policía, Alejo Paredes, que "implemente medidas preventivas para garantizar el acceso a la salud pública", las fuerzas policiales evitaron que los médicos y enfermeras tomaran la dirección y distintas áreas administrativas de los hospitales.Modalidad de protesta que habían realizado el martes último, durante algunas horas, en el hospital Misericordia. El jefe de los fiscales tomó esta determinación, luego de que los trabajadores anunciara que podrían ocupar ayer otros establecimientos públicos en la ciudad de Córdoba.La protesta en el hospital Misericordia llevó preocupación al Gobierno, en el sentido de que podrían repetirse la toma de edificios.En este contexto, a través de un oficio enviado en la noche del martes, Vezzaro le solicitó a Paredes que, "cuando lo considere oportuno, arbitre los medios necesarios para asegurar que los ciudadanos puedan concurrir libremente a cualquier hospital para obtener atención médica".El fiscal General aclaró que "el objetivo no es criminalizar la protesta sino compatibilizar derechos constitucionales, tanto a la salud y a la vida, como a la huelga y a la protesta social".Pero, en realidad, el único objetivo de la intervención de la Policía fue asegurar que los manifestantes no ocuparan los hospitales, ya que las fuerza pública no puede intervenir para que los médicos atiendan a los pacientes.Esta decisión de poner en las calles a más de 200 efectivos policiales para custodiar los hospitales, marca el nivel de preocupación que existe en la administración del gobernador Juan Schiaretti, por un conflicto que ingresó en la séptima semana.Aunque no lo van a admitir en público, en los próximos días, funcionarios provinciales tratarán de abrir algún canal de diálogo, al menos con el personal de salud.Luego del paro que mañana impulsará el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la semana próxima podría haber reuniones para tratar de buscar una salida al conflicto.Todos los sectores involucrados creen que no se puede llegar hasta el final del mandato de Schiaretti (10 de diciembre), con un conflicto tan profundo, que haga necesario la intervención de la Policía. Descuentos. En medio del conflicto, ayer trascendieron algunos números oficiales de los descuentos de salarios que el Gobierno hará a los agentes públicos que vienen realizando medidas de fuerza. Estos datos son aguardados con expectativas por los dirigentes gremiales, quienes creen que se podría agudizar el conflicto, si los descuentos afectan un alto porcentaje de los salarios de los trabajadores.Sin embargo, por lo que trascendió, los recortes serán menores de lo esperado por los propios gremios. Alcanzará a 499 trabajadores del área de salud, lo que representa sólo el cinco por ciento del personal de las reparticiones que lleva casi dos meses con medidas de protesta.También recibirán recortes otros 240 empleados de otras áreas de la administración pública.Cada caso es particular, pero el monto total del descuento no superaría los 137 mil pesos, lo que es una cifra mínima, si se tiene en cuenta que la nómina salarial total de la provincia supera los 600 millones de pesos mensuales.Habría algunos casos especiales, como un jefe de área de un hospital de la Capital, que percibe 22.400 pesos de sueldo y sufrirá un recorte de 1.300 pesos, es decir, más del 50 por ciento de sus haberes.Según la lectura que hacen en el Gobierno, que los descuentos alcance sólo al cinco por ciento del personal de salud, significa que la gran mayoría no está plegada a las medidas de fuerza.Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) hacen otro análisis. Aseguran que los agentes concurren a los lugares de trabajo, pero no cumplen sus tareas, salvo las emergencias, por lo cual el paro tiene un fuerte impacto.No obstante, que los descuentos sólo alcance a 739 agentes públicos, entre ellos, 499 del área de salud, se podría tomar como una señal del Gobierno que no quiere profundizar el conflicto.

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