Con letra del oficialismo y música de la Justicia

La Justicia de Córdoba dio ayer a los cordobeses un argumento menos para que se quejen de la presunta lentitud en los tribunales provinciales. En menos de 24 horas, la fiscal María Romero Díaz archivó una presentación del ministro de Educación, Walter Grahovac, para que lo investiguen por una demanda de su ex esposa. Lo central del planteo en cuestión alude a que el ministro sería propietario de la mitad de una empresa constructora, contratista del Estado y encargada de reparar escuelas, hecho que el ex gremialista niega de plano.Para la fiscal, el tema es de la estricta esfera privada, como lo había sostenido unas horas antes el gobernador Juan Schiaretti.Es obvio que un juicio de divorcio es una cuestión privadísima, salvo por el detalle de que en este caso el reclamo de uno de los cónyuges está vinculado con la actuación pública de un ministro y el manejo de dineros públicos en contrataciones.En realidad, la fiscal no investigó absolutamente nada sobre el único tema que interesa: de quién es Construcciones Servicios SRL y cómo accede a ser contratista del Estado. De haber tenido la mínima intención de hacerlo, debería haber girado las actuaciones a un juez de Control, ya que el involucrado es un ministro.Una vez más, la actuación judicial sirvió como música afinada para la letra del oficialismo de argumentar que se somete a la investigación judicial ante cada denuncia. La cuestión es que, en este caso como en varios otros que involucran a funcionarios públicos, no hubo investigación. Se limitó a cumplir con una lógica primaria e irrefutable: un divorcio es una cuestión privada. El manejo de los dineros públicos, no. Pero cuando llegan ese tipo de expedientes, los platillos de las balanzas que tienen jueces y fiscales en sus despachos tiemblan más que Sendai.El otro elemento es determinar cómo el Estado hace sus contrataciones. El argumento del secretario privado del ministro Grahovac, Javier Taborda, de que hace tres años vendió la empresa, se contrapone con los datos de la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas, donde aparecía hasta 2010 como titular. Más allá de las conocidas demoras de la burocracia estatal, ¿nadie en la administración pública se ocupa de corroborar a nombre de quién están las empresas a las que se les adjudican obras?En el oficialismo, sostienen que hay una campaña orquestada para desprestigiar a Grahovac, porque es un probable candidato a diputado nacional. Más allá de que tenga asidero la conjetura, siguen sin respuestas preguntas como quiénes son los dueños de Construcciones Servicios SRL y en qué condiciones accedieron a las obras de reparación de más de 150 escuelas.