"Castigar la corrupción política"

"Vamos a cambiar la política criminal del Estado", afirmó el diputado nacional Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica cordobesa. Se refiere al proyecto de su autoría que ya tiene despacho favorable de comisión y cuyo tratamiento en el recinto está demorado. Por ello, el autor y otros diputados pedirán una sesión especial para debatirlo a la brevedad. El propósito es incrementar las penas en los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y establecer penalidades para las empresas. Vega, de origen peronista, adhirió a la Coalición Cívica y desde el año pasado es diputado nacional. –¿De qué se trata su proyecto? –Es la modificación del Código Penal. Abordamos los viejos delitos contra la administración pública que son los actos de corrupción, los delitos del poder político y económico que en la Argentina no tienen ningún castigo legal y escasa condena social. Un informe del Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sobre 800 casos demostró que un proceso judicial de corrupción acá dura 14 años en promedio y sólo tiene un cuatro por ciento de condena. El 80 por ciento de las causas por corrupción termina en prescripción liberatoria. –¿Cuál es el eje de la iniciativa? –Cambiar la política criminal del Estado. Se desplaza el eje central de la persecución penal de los delitos de la pobreza (que son robos menores) a los delitos del poder. Los delitos de la pobreza tienen penas de hasta 15 años de prisión. En cambio, en los del poder uno puede robar los insumos de un sanatorio, falsificar fármacos o hacer negocios que impliquen compromisos de deuda pública de miles de millones de dólares y tienen una pena que normalmente no pasa de uno a tres años de prisión. –¿Qué cambios propone? –Elevamos los montos de penas proporcionales e incorporamos figuras penales nuevas. Primero, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que hasta ahora carecen de ella. Creamos un abanico de sanciones para las personas jurídicas que participan en actos de corrupción, que oscilan desde multas proporcionales a sus ingresos y ganancias anuales, hasta el quite de la personería y la prisión de sus directivos. Segundo, el decomiso de bienes. La figura que proponemos permite que el juez disponga el decomiso de los bienes acreditados como parte de los actos de corrupción, previo a la sentencia judicial del imputado. Tercero, los agravantes. Las figuras penales de corrupción se elevan razonablemente, pero los agravantes son severos. –¿Cuáles serán las razones para determinar los agravantes? –La calidad del funcionario que interviene en un acto de corrupción. No queremos que paguen los perejiles. Se agrava por el nivel funcional del que corrompe. Esto va de secretario de Estado hacia arriba y alcanza a diputados y senadores nacionales, al presidente y los directores de empresas públicas. Otro agravante es por el impacto del acto de corrupción en la sociedad. Además, se cambia la figura del funcionario público. No va a ser más el funcionario del Estado sólo, sino también el que está al servicio del Estado, es decir que en la figura de los que están "al servicio del Estado" entran en el Código los concesionarios de obras y servicios públicos y los operadores de títulos públicos. Finalmente, la pena más grave será para los jueces que corrompen.