Una buena ley, enredada por las pujas políticas

Cuando se gestó la ley que puso en vigencia las elecciones primarias abiertas obligatorias, se pensó en un sistema ambicioso en el cual el electorado podía definir entre dos o más fórmulas de un mismo partido el candidato presidencial de cara a las elecciones generales, que este año se realizan el 23 de octubre. De la misma forma, la puja está abierta a otros tramos electivos, entre ellos diputados y senadores nacionales. El sistema, que debutará en todo el país este domingo, quedó establecido por la ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, sancionada en diciembre de 2009. Luego de la derrota electoral de junio de ese año, el ex presidente Néstor Kirchner lanzó la iniciativa. ¿La intención escondida? Acorralar a la variopinta legión de candidatos del justicialismo en una sola compulsa en la que, suponía, él o su esposa Cristina Fernández se quedarían con el triunfo y el sello del partido para las urnas de 2011. El vértigo de la vida y la política produjo cambios dramáticos.La tropa de peronistas no kirchneristas que lideran los aspirantes a la Casa Rosada Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá se presenta con estructuras diferentes, mientras que Cristina Fernández busca la reelección por el Frente para la Victoria. Conclusión: en el oficialismo nadie compite entre sí y las primarias del domingo servirán sólo como un test o "muestreo" sobre quién tiene más o menos votos; pero en octubre se volverán a ver las caras. Idéntico escenario neutro se da en las otras boletas: cada uno va por su lado a medir sus propias posibilidades; desde el radicalismo, con Ricardo Alfonsín, pasando por el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner o la Coalición Cívica-ARI, de Elisa Carrió. La idea original se desvirtuó de tal forma que, según registros de la Justicia Electoral Nacional, de las casi 300 listas oficializadas en todo el país para presidente y vice, diputados y senadores nacionales, en sólo 21 casos habrá competencias internas entre candidatos del mismo partido. Córdoba no podía estar ausente en materia de disputas. La UCR lleva seis listas de precandidatos a diputados nacionales, todas con Alfonsín como aspirante presidencial. Será la única interna dentro de las primarias obligatorias que se librarán en la provincia. La ley fija, además, un piso de 1,5 por ciento de los votos positivos emitidos para seguir en carrera rumbo a las generales de octubre. Una exigencia que los partidos chicos tildan de "proscriptiva".