El asedio al poder municipal

Si el municipio de la segunda ciudad del país no puede decidir cambios en un sistema de transporte que hace agua por los cuatro costados, que fue pensado para la Córdoba de la década de 1980 y que hoy, por disfuncional, es malo, es caro, expulsa usuarios y sólo contribuye a que los problemas de tránsito se vuelvan irresolubles, ¿qué es lo que puede hacer ese municipio?

¿Qué sentido tienen ese estamento gubernamental y sus autoridades? ¿Para qué votan cada cuatro años los cordobeses si las decisiones más importantes siguen en manos de un suprapoder gremial?

La UTA parece dispuesta a llevar al extremo todos los interrogantes que desde hace muchos años minan la autoridad municipal: el gremio de los choferes resolvió que nada debe cambiar en el transporte urbano, que este modo de viajar es lo máximo a lo que pueden aspirar los cordobeses. ¿Cuál sería la respuesta de los pasajeros, si fueran consultados?

El argumento de la defensa de la fuente laboral a esta altura es, al menos, insuficiente: los pliegos incluyen todas las garantías exigidas por la UTA. El municipio, además, invitó al sindicato a que proponga qué nuevos reaseguros de estabilidad laboral podrían sumarse. La respuesta es el paro de mañana.

Hay otro argumento en danza, compartido tanto por UTA como por un sector de la oposición: que todos los cambios propuestos por el nuevo sistema de transporte se reducen a “negociados”.

Dicho sin pruebas, el razonamiento sólo sirve para que ninguna concesión ya establecida –todas suponen negocios para los privados, menos la Tamse, concebida como mal negocio para el municipio– pueda ser removida.

Es obvio que la oposición a los nuevos negocios lleva implícita la defensa de los negocios viejos. Entonces, ¿quién defiende a quién y por qué?

El de mañana no es un paro más. Como si el poder paralizante de UTA fuera poco, buena parte de los gremios estatales –algunos de ellos siempre diligentes a la hora de acordar sus asuntos con el Gobierno provincial– hoy también son parte del conflicto del transporte.

¿Solidaridad gremial? ¿Mensajes de la política pura y dura? ¿O la genuina expresión de todos aquellos que entienden que la función prioritaria del Estado, sea cual fuere su jurisdicción, es garantizarles el trabajo a ellos?

Pero no será un paro más por otra razón fundamental: el municipio planea ofrecer alguna alternativa de movilidad a los usuarios, algo que no ocurrió en los últimos 20 años.

Dudas. El primer interrogante es si esas unidades realmente serán puestas mañana en la calle.

El segundo es si UTA admitirá que eso ocurra.

El tercero es si la Provincia respaldará con un esquema de seguridad especial la circulación de esos coches, a fines de evitar hechos de violencia. Sin la suficiente custodia policial, hacer subir pasajeros a unidades contratadas podría representar un riesgo casi temerario.

Si UTA trata de frenar el proyecto de transporte que es la principal iniciativa de la gestión de Ramón Mestre hacia fuera del Palacio 6 de Julio, puertas adentro del municipio se libra otra batalla, siempre decisiva para el poder municipal: la paritaria del Suoem, convenientemente acompañada por asambleas, conflictos y los más variados reclamos de las más diversas reparticiones estallando al unísono.

Las reuniones fueron casi ininterrumpidas la semana pasada, y las distancias no se achicaron en casi nada.

No hay acuerdo siquiera en el plazo de la discusión, y entre los porcentajes ofrecidos y los exigidos aún hay de cinco a seis puntos porcentuales.

Por lo pronto, ya es parte del pasado la contratación de una empresa privada para el control de las carpetas médicas. Cuánto más tendrá que ceder el municipio se sabrá esta semana.