Allanaron e intervinieron Cablevisión
La medida tendrá una duración de un año y fue dispuesta por un juez de Mendoza, provincia en la que la compañía del Grupo Clarín no opera.
Buenos Aires. El juez federal de Mendoza, Walter Bento, ordenó la intervención y coadministración por un año de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, y dispuso que el interventor designado tome posesión de las oficinas ubicadas en el barrio porteño de Barracas. La medida se ejecutó en medio de un operativo que incluyó el aparatoso despliegue de unos 50 gendarmes. El coadministrador judicial –una especie de interventor–, Enrique Anzoise, recorrió el edificio junto a los uniformados armados, pero no tomó posesión de las oficinas, ante el repudio de los trabajadores. La coadministración, aclaró la Justicia, no implica la separación de los actuales directivos que continúan en sus cargos. El apoderado de Cablevisión, Damián Cassino, informó que la empresa presentó denuncias penales por "allanamiento ilegal, violación de domicilio, abuso de autoridad y exhibición de armas". "Los funcionarios acompañados por la Gendarmería comenzaron a recorrer el edificio amedrentando al personal. Cuando se les pidió el mandamiento para poder determinar las facultades de los actuantes, se negaron", agregaron directivos de Cablevisión.En un comunicado, Cablevisión repudió el operativo que empezó cerca de las 9.30 de la mañana de ayer y se extendió por tres horas. La empresa responsabilizó al "grupo Vila-Manzano, uno de los multimedios aliados al Gobierno, que está llevando adelante una maniobra con el auxilio de un juez mendocino incompetente para intentar intervenir Cablevisión. Es un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno realiza a las empresas del Grupo Clarín", denunció Cablevisión.También se destacó que, curiosamente, Cablevisión no opera en Mendoza.El fallo da un plazo de 60 días para "fragmentar Cablevisión, mediante una medida claramente ilegal y fácticamente (por cuestiones técnicas) de cumplimiento imposible, la cual jamás podría ser instrumentada sin perjudicar a los usuarios en los servicios de TV por cable e Internet", señaló la empresa. "Estrategia funcional". "La acción del grupo Vila-Manzano es absolutamente funcional a la estrategia que viene desarrollando el Gobierno Nacional y sus organismos contra los medios independientes en general y los del Grupo Clarín en particular", dijo la firma. La denuncia que promovió la intervención de Cablevisión fue presentada por Supercanal, operadora de cable del grupo económico mendocino, cuyos referentes más conocidos son el empresario Daniel Vila y el ex político peronista, José Luis Manzano. La imputación es por "maniobras con la finalidad de excluir a sus competidores, ofertas en precios predatorios, manipulación de la grilla y exclusión de la grilla de señales de noticias que no pertenecen al Grupo Clarín". La resolución del juez federal Bento (magistrado que, según referencias del foro mendocino, "tiene muy buenas relaciones con operadores políticos del Gobierno nacional, principalmente Juan Carlos "Chueco" Mazzón"), argumenta que la intervención es "evitar el ejercicio de la competencia desleal". Entre las resoluciones, el juez exige volver al statu quo previo a la fusión de Cablevisión y Multicanal, aprobada por el Gobierno a fines de 2007.Bento dijo que el operativo de Gendarmería responde a una resolución suya que tiene como objetivo deshacer la fusión comercial entre Cablevisión y Multicanal. Para el magistrado, según publicó el diario El Sol en su sitio web, esa operación comercial violó las normativas vigentes sobre Defensa de la Competencia. Pero negó que haya habido un allanamiento.La medida se produce en un contexto de una arremetida creciente del Gobierno contra el Grupo Clarín y sus empresas. Los directivos del grupo empresarial han denunciado "hostigamiento gubernamental". Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –en su papel de querellante– solicitó a la Justicia que cite a indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre (diario La Nación ), imputados en la causa por el traspaso de las acciones de Papel Prensa. Mañana, el Senado haría ley el controvertido proyecto que declara un nuevo marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel de diario. El lunes, el procurador General de la Nación, Esteban Righi, recomendó que se levante la medida cautelar sobre el artículo 161 de la ley de medios, que dispone un plazo de un año para la desinversión.La presencia de los gendarmes en la empresa recordó el episodio ocurrido en 2009, cuando unos 200 inspectores de la Afip realizaron un operativo fiscal en las oficinas del diario Clarín .
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