Adepa, contra la innecesaria judicialización de la prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) recordó ayer “la inconveniencia de judicializar innecesariamente el trabajo de la prensa”, porque ello “puede condicionar el libre ejercicio de la actividad y plantear un contexto de violencia moral que termine actuando como mecanismo indirecto de censura previa”.

Bajo el título “No debe judicializarse la labor periodística”, los editores de diarios dieron a conocer una declaración “ante la polémica generada por la denuncia penal iniciada por el Grupo Clarín por supuesta incitación a la violencia colectiva, en la que se menciona a un grupo de periodistas”.

Al respecto, la entidad hizo saber que “la labor de la prensa está sometida a eventual análisis judicial posterior sólo en caso de que, en ejercicio de la libertad de expresión, se haya cometido delito o se haya causado daño civil”.

Adepa también recordó que “los periodistas no deben ser citados como testigos para revelar las fuentes informativas”.

La entidad fue una de las principales impulsoras de la protección específica que las fuentes reciben en el artículo 43 de la Constitución Nacional, a partir de su reforma del año 1994.

“En tal sentido, Adepa toma nota de la reciente aclaración presentada por Clarín, que desiste incluso de proponer como testigos a los periodistas mencionados en su presentación, con lo cual se ratifica el principio de no judicializar la labor periodística”, agregó el comunicado de prensa difundido ayer.

Al respecto, convocó “a todos los sectores de la sociedad a respetar las libertades de prensa y de expresión y a evitar presiones y descalificaciones contra periodistas y medios de comunicación”.

También la SIP. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también rechazó ayer la inclusión de periodistas en la presentación efectuada la semana pasada ante la Justicia.

Según señaló la SIP en un comunicado difundido desde Miami –fue emitido antes de que Clarín aclarara que hoy solicitará a la Justicia que los periodistas aludidos ni siquiera sean citados en calidad de testigos–, la entidad cuestionó que los comunicadores Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone hayan sido señalados como “propagadores” de los ataques del kirchnerismo al grupo de medios.

“El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del Gobierno” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. 
El lunes ya se había pronunciado también en igual sentido el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).