Estafa a ART: dictan la prisión preventiva para imputados

El fiscal del Distrito 1 Turno 1, Enrique Gavier, dictó hoy la prisión preventiva para los cuatro abogados y tres médicos acusados por estafar a la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) del Estado provincial, contratada por la Municipalidad de Córdoba para asegurar a sus empleados.

El magistrado ordenó la medida contra los letrados Mauricio Manrique, Ariel Merlini, José Luis Barbero y Agustín Cornavaca. En tanto, también lo hizo con los médicos Mario Pacheco (52), Jaqueline Muñoz y Gonzalo Vieyra Ledesma.

Imputaciones. De acuerdo a la resolución de Gavier, los abogados están imputados por el delito de estafa procesal (en concurso real) continuado como autores mientras que los médicos son coautores.

En paralelo, los médicos están imputados por falsificación de certificados médicos (concurso real) en calidad de autores, al tiempo que los abogados están acusados como coautores.

Según dijo el fiscal a La Voz del Interior, para dictar la preventiva se sustentó en que la pena prevista para estos delitos es de orden efectiva ya que supera los tres años.

A su vez, el médico Rubén Ángel Li Gambi fue puesto en libertad tras una pericia caligráfica que lo exculpó de una prueba en su contra, pero seguirá imputado.

Prófugo. Hasta el momento continúa prófugo el abogado Carlos Dulce Villada, el noveno imputado.

Maniobra. La fiscalía aclaró que no hay acción penal contra los empleados municipales que eran "reclutados mediante engaños y ardides" por la organización para iniciar juicios a la ART.

El fiscal Gavier focalizó la investigación en la Municipalidad al detectar que allí se producía el mayor número de "arreglos extrajudiciales", pero se extenderá a otros públicos y privados donde suceden cosas parecidas (ver ART: detienen a abogados y médicos por estafa millonaria, 13/08/10).

Se estableció que los abogados captaban a sus clientes concurriendo a las diferentes oficinas municipales, donde repartían folletería y organizaban reuniones para convencer a los empleados de que la ART había incumplido con diversas obligaciones.

Sostenían que la aseguradora tenía que efectuarles a los empleados un examen médico al hacerse cargo de la cobertura y luego exámenes periódicos, razón por la cual tenían derecho a una indemnización.

Para completar las maniobras los citaban a consultorios particulares donde se les hacía una revisación y generalmente se modificaban los grados de incapacidad de los empleados públicos y luego les hacían firmar una demanda. A los "clientes" reclutados sólo les mostraban la última página donde debían estampar su firma y se fijaba el porcentaje a cobrar por los abogados.

Cuando se iniciaban los juicios, la ART aceptaba la oferta de un arreglo extrajudicial porque se trataba de sumas similares a las que gastarían en un litigio, aún ganándolo. Los juzgados de conciliación laboral homologaban los acuerdos para que se libraran las órdenes de pago y los abogados se encargaban de repartirlo con los demandantes y los médicos.