Uruguay derogó la amnistía a militares

Montevideo. Un cuarto de siglo después de su entrada en vigencia y tras ser respaldada en dos consultas populares, el oficialismo uruguayo eliminó en la madrugada de ayer la ley de amnistía que evitó que los militares de la dictadura (1973-1985) fueran juzgados por graves violaciones a los derechos humanos. "Terminó la impunidad", dijo Luis Puig, diputado del oficialista Frente Amplio, al celebrar la votación en la Cámara de Diputados en la que la mayoría oficialista se impuso con 50 votos contra 40 de la oposición. El proyecto ya había recibido media sanción el martes en el Senado y sólo quedó pendiente su promulgación por el Poder Ejecutivo."Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Nosotros la acompañaremos y después estaremos en lo que decida la Justicia", dijo el pre­sidente José Mujica al ser consultado por la prensa respecto de la ley.En los hechos la nueva norma elimina la ley de amnistía del año 1986, al declarar como delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos durante el régimen de facto y eliminar la prescripción de esos delitos que debía entrar en vigor el próximo martes 1° de noviembre, tras cumplirse el plazo que dispone el Código Penal.Para el senador Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional (o Blanco), "con la ley que aprobó el Parlamento, el Frente Amplio arrancó varias hojas de la Constitución nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente" al desconocer los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la ciudadanía respaldó ampliamente la ley.El constitucionalista y ex vicepresidente, Gonzalo Aguirre, dijo que la Constitución establece como soberana la voluntad popular manifestada en un plebiscito y "no es susceptible de ser derogada por el Poder Le­gislativo... (el Parlamento) desconoce la voluntad del cuerpo electoral"."Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales", replicó Mujica.El Frente Amplio sostiene que la revocación de la prescripción cumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que reclamó al gobierno remover los obstáculos legales que impedían juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, declaró a la prensa que a los dos plebiscitos que ratificaron la ley de caducidad "se le debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática".Agregó que "los derechos humanos no están a disposición de las mayorías, sino que son derechos de las minorías y, por lo tanto, deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías". Van Rompaey aseguró que la SCJ estudiará la even­tual inconstitucionalidad de la nueva norma "en el caso de que se plantee alguna acción".Por su parte, el coronel retirado Guillermo Cedrez, presidente del Círculo Militar, anticipó días atrás que, de eliminarse la amnistía, los militares estaban dispuestos a denunciar ante la Justicia a los ex tupamaros –movimiento armado al que perteneció Mujica– que no respondieron por sus crímenes porque o huyeron del país o no fueron enjuiciados.Una vez promulgada la ley por el Poder Ejecutivo, podrían abrirse decenas de denuncias contra uniformados.Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la Justicia determinó que la norma sólo era aplicable a delitos cometidos dentro de Uruguay. En este país hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina durante la campaña coordinada por las dictaduras del Cono Sur llamada "Operación Cóndor".Una discusión que excede a las cámarasUn debate acalorado. La aprobación de la ley que deja sin efecto la amnistía a los militares de la dictadura de 1973 a 1985, se produjo en medio de un duro enfrentamiento político entre el oficialismo y la oposición, y expectativa en los círculos castrenses.Con mayoría frenteamplista. Después de más de 13 horas de debate, por momentos con ásperos cruces, la mayoría oficialista con sus 50 votos logró la sanción de la discutida iniciativa contra 40 de 44 diputados opositores que aún estaban presentes en el recinto.Mensajes y símbolos. Los diputados del partido Nacional, principal de la oposición dejaron sobre sus mesas ejemplares de la Constitución, en un mensaje tácito que la iniciativa izquierdista la viola, mientras que el diputado frenteamplista, Luis Puig puso en su mesa unretrato de Elena Quinteros una desaparecida en 1976.