Una práctica que no es nueva y tiene un nombre propio
Poner la contracepción al alcance de jóvenes menores de 16 años, sin que lo sepa la familia, es absolutamente legal en Inglaterra y Gales.
La contracepción está considerada un tratamiento sanitario, y la ley contempla desde 1969 el derecho de los ciudadanos con uso de razón a decidir qué tratamientos aceptan o rechazan. Ese derecho incluye a los menores de 16 años, que demuestran tener la madurez suficiente para tomar decisiones sobre sí mismos.
La atribución quedó consagrada en una sentencia de 1985 de la Cámara de los Lores, que era entonces la máxima instancia judicial. Aquella sentencia dio lugar a la llamada “competencia Gillick” porque una mujer, Victoria Gillick, denunció a las autoridades sanitarias porque a su juicio era ella, y no su hija, quien debía decidir si la niña podía o no utilizar contraceptivos. Gillick perdió el caso, que desde entonces quedó vinculado a su nombre.
La sentencia iba más allá del tema concreto de la contracepción y consagró el concepto de la “madurez suficiente” como requisito para que un niño mayor de 13 años tome sus propias decisiones. Las directrices generales emitidas por las autoridades sanitarias sobre de quién depende el consentimiento para proceder a un tratamiento incorporan ese principio.
En el caso de los jóvenes menores de 16 años que se enfrentan a la decisión de seguir o no un tratamiento contraceptivo, las directivas señalan que “el profesional de la sanidad debe intentar convencer al niño de que informe a sus padres o permitir al médico que lo haga”. “Sin embargo, si el niño no puede ser convencido, se tiene que seguir dando consejo y/o tratamiento si el profesional cree que es muy probable que el niño vaya a empezar o a seguir teniendo relaciones sexuales con o sin consejo...”
