Obama demanda a Arizona por su ley antiinmigrantes

Washington. El gobierno de Estados Unidos demandó ayer al estado de Arizona por su controvertida ley sobre la inmigración ilegal y pidió a los tribunales de justicia que la paralicen, una decisión que no sólo anticipa una difícil batalla legal en la que Washington asume muchos riesgos, sino que también eleva la tensión sobre un asunto que mantiene polarizado al país.

La demanda del gobierno de Barack Obama se añade a otras cinco presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que permite a la policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas.

El argumento principal del departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se adjudica competencias en materia de inmigración, que corresponden al gobierno federal.

"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un amasijo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.

El gobierno alertó que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar de forma inmediata su situación legal".

Además, obligará a dedicar más recursos para procesar a las personas arrestadas por la policía bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.

Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará "la seguridad de todo el país", destacó el fiscal general, Eric Holder.

La norma convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.

Críticos. Los dos senadores republicanos de Arizona Jon Kyl y John McCain -el rival de Obama en las elecciones de 2008-, criticaron la decisión del departamento de Justicia en un comunicado conjunto.

"El gobierno de Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a los ciudadanos de Arizona de la violencia y el crimen que la inmigración ilegal provocan en nuestro estado", dijeron los dos legisladores.

"Hasta que no lo haga, el gobierno federal no debería demandar a Arizona con el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración son sólo una responsabilidad federal", añadieron.

La oposición también viene de algunos demócratas del estado, incluida la legisladora Ann Kirkpatrick, quien entró en la Cámara de Representantes en 2009 y afronta una reelección disputada en noviembre.

"Una batalla en los tribunales entre el gobierno federal y Arizona no nos pondrá más cerca de garantizar la seguridad en la frontera o arreglar un sistema migratorio que no funciona", afirmó.

Está previsto que la ley entre en vigor el 29 de julio, pero el departamento de Justicia pidió al juez que suspenda su aplicación mientras se tramita la demanda en los tribunales.

Desde el vamos. El presidente Obama sostiene que la ley está "mal concebida" y advierte que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.

Los grupos de defensa de los derechos civiles coinciden con este argumento. Sostienen que la norma dará poder a los agentes para arrestar a personas, en particular latinos, sólo por su apariencia o su acento.

La demanda presentada ayer incluye declaraciones por escrito de los jefes de policía de Phoenix y Tucson, las mayores ciudades de Arizona, en las que advierten que la ley los obligará a reducir el número de agentes asignados a investigar crímenes violentos y robos.

Asimismo, aseguraron que evitarán colaborar con la policía los inmigrantes que sean testigos de delitos o que los hayan sufrido.

La ley generó el rechazo de los países latinoamericanos y, sobre todo, de México, que se sumó con un escrito de apoyo a una de las demandas.

Pese a todo, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, quien firmó la normativa el 23 de abril pasado, solicitó a los tribunales que desestimen las demandas porque se basan en "suposiciones" y en casos de discriminación que no han ocurrido.

En Arizona residen unos 460 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría mejicanos.

En la actualidad, residen en Estados Unidos entre 11 y 12 millones de inmigrantes ilegales y, aunque el ritmo ha bajado durante la crisis económica, ese país sigue siendo un destino predilecto de trabajadores sin papeles, sobre todo procedentes del sur de su frontera.