Francia retrasa la edad de la jubilación

El Gobierno francés adoptó hoy la reforma de las pensiones, que retrasa en dos años la edad de jubilación (de 60 a 62 la voluntaria), e insistió en que sólo aceptará cambios mínimos en su plan porque el objetivo es equilibrar la financiación del sistema para 2018."No es una reforma ni de derechas ni de izquierdas, es una reforma de las pensiones" cuyo objetivo es "reequilibrar" y "salvaguardar el modelo francés por reparto", subrayó el ministro de Trabajo, Eric Woerth, al presentar el texto una vez aprobado por el Consejo de Ministros."Es una reforma justa", dijo Woerth ante la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, pocas horas después de que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, le hubiera dado todo su respaldo frente a las acusaciones de conflicto de interés por sus relaciones con la multimillonaria Liliane Bettencourt.En forma progresiva. El texto presentado hoy coincide exactamente con las grandes líneas anunciadas hace un mes, en las que ya se contemplaba elevar la edad de jubilación, que pasará de los 65 a los 67 años también progresivamente de aquí a 2018 para tener derecho a una pensión completa sin penalizaciones.Ese retraso debería permitir cubrir un 44% de los 32.000 millones de euros de déficit del sistema de pensiones previsto si no hubiera reforma, y por ello el presidente francés subrayó anoche que ese punto es innegociable, como también la equiparación del nivel de cotización de los funcionarios con la de los trabajadores del sector privado, de forma que subirá del 7,85% actual al 10,55%.Pese a la equiparación de los índices de cotización, que debería aportar unos 4.000 millones de euros suplementarios en el horizonte de 2018, los funcionarios se seguirán beneficiando de un cálculo del monto de su pensión sobre la base de sus seis últimos meses de actividad, y no de 20 años, como ocurre en el sector privado.La proposición de ley incluye también una nueva fuente de financiación que pretende incorporar una noción de justicia social con el aumento del tipo máximo del impuesto sobre la renta del 40% al 41%, y el incremento de la presión fiscal sobre los dividendos, los ingresos de capital y las plusvalías bursátiles, con lo que se esperan recaudar 4.600 millones de euros en el horizonte de 2018.