El gobierno de Colombia garantiza el rescate de rehenes de las Farc

El gobierno de Colombia anunció hoy que dará "garantías" para el operativo de rescate de los cinco secuestrados que las Farc anunciaron que dejarán en libertad de manera unilateral y aceptó que la ex senadora Piedad Córdoba gestione esas liberaciones, aunque le exigió "discreción".

En tanto, la ex senadora se mostró confiada en que en un mes se inicie el operativo para la entrega de los rehenes y expresó su deseo de que Brasil vuelva a aportar logística, como en otros rescates.

En un comunicado emitido por Casa de Nariño, sede presidencial, la administración de Juan Manuel Santos dijo que está dispuesta a "garantizar todas las condiciones de seguridad requeridas para la mencionada liberación a la mayor brevedad posible".

Agregó que también tiene disponibilidad "a autorizar a la doctora Piedad Córdoba para adelantar las labores de facilitación que conduzcan a dicha liberación, siempre y cuando las mismas se hagan con absoluta y total discreción".

El gobierno anunció, además, que pronto decidirá sobre la persona a quien encomendará como "interlocutora" oficial para el proceso de rescate y exigió a las Farc la liberación "inmediata" de todos los secuestrados aún en su poder.

En tanto, en declaraciones a Caracol radio, Córdoba señaló que esparaba que no hubiera "ningún inconveniente", por lo que "ahora hay que esperar que entreguen las coordenadas".

"Yo pongo más o menos un mes (de plazo para) que estemos saliendo y continuando con las liberaciones", dijo Córdoba.

Liberación. En una carta dirigida a Córdoba y en desagravio por la pérdida de su escaño en el Senado, la Farc  anunciaron que dejarían en libertad a tres militares y policías y a dos dirigentes políticos del sur del país.

Se trata del mayor de la policía Guillermo Solórzano, el cabo del ejército Salín Sanmiguel, el infante de Marina Henry López Martínez, y los políticos regionales Marcos Vaquero y Armando Acuña, concejales de los departamentos (estados) de Guaviare y Huila (sur), respectivamente.

A fines de septiembre el Procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal con destitución e inhabilitación por 18 años para ejercer cargos públicos por considerar que promocionó y colaboró con las Farc, a pesar de que contaba con la autorización del gobierno de Álvaro Uribe.

La investigación se originó en los hallazgos de las computadoras incautadas en la Operación Fénix en la que fue abatido Raúl Reyes, lo que permitió establecer el supuesto cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora identificada con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita.

Al anunciar las liberaciones unilaterales, el Estado Mayor Central de las Farc resaltó en su carta que "la sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos".

Córdoba confió también en que el gobierno de Brasil renueve su apoyo para las liberaciones como lo hizo en ocasiones anteriores, cuando aportó helicópteros y personal para facilitar la entrega de militares.

La ex congresista dijo que espera, al retorno a su país, reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y confió en que esta liberación abra la posibilidad para "una posible negociación política" entre las partes en conflicto.