A poco de ser juzgado por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Río Cuarto, el exgeneral del Ejército Pablo Skalany murió a los 93 años en Buenos Aires y fue sobreseído en la causa que se le seguía con otros acusados.
Quién era Pablo Skalany
Nacido el 25 de febrero de 1933 en Capital Federal, Skalany fue imputado y elevado a juicio junto con otros 23 exmilitares y expolicías en el marco de la causa “Gutiérrez, Hermes Vicente”, que se juzgará este año por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado, violación agravada y homicidio agravado.
La voluminosa instrucción estuvo a cargo del fiscal general Carlos Gonella y los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en Córdoba.
De acuerdo con la fiscalía, gran parte de las víctimas se encontraban vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto (estudiantes o personal docente y no docente), e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios.
De formación militar, Skalany revistó como teniente coronel y asumió en 1979 como jefe del Batallón de Arsenales 141, de la localidad de Holmberg, en reemplazo del coronel José Camilo Gay.
En un comunicado de prensa fechado el 5 de agosto de 1980, la Secretaría de Información Pública de la dictadura registró la visita del entonces presidente y represor Jorge Rafael Videla a Río Cuarto.
Acompañado por el gobernador de Córdoba, general de brigada retirado Adolfo Sigwald, Videla arribó a la Municipalidad, donde “recibió el saludo del jefe del Batallón de Arsenales, teniente coronel Pablo Skalany”, según la nota de prensa. Videla fue galardonado con una estatuilla de un soldado, en representación de la figura castrense de esa unidad militar.
Skalany también ostentó el cargo de director de Fabricaciones Militares y, en 1982, fue designado agregado militar y naval en la Embajada argentina en Panamá, con jurisdicción sobre Jamaica, Costa Rica e islas del Caribe, según los registros de la Universidad Nacional de La Plata, el Boletín Oficial y un documento calificado de “secreto” (en su momento).
De qué se acusaba a Skalany
El exmilitar fue acusado por los fiscales por presunta privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravado en contra del entonces detenido y sobreviviente Tomás Antonio Romero.
Por orden del Juzgado Federal de Río Cuarto, el hombre fue detenido en diciembre 1978 sindicado como el integrante número “88” de “98” de la organización Montoneros. Fue trasladado a la Delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, donde denunció que fue sometido a múltiples y gravísimas torturas y obligado mediante tormentos a reconocer su presunta pertenencia a Montoneros.
Sin embargo, Romero declaró posteriormente que nunca formó parte de esa organización y que solamente participó de algunas reuniones tendientes a constituir el Partido Auténtico en Río Cuarto, en tiempos en que hacerlo era legal.
La víctima fue llevada a la Unidad Carcelaria N° 4 local hasta que el 19 de enero de 1979 el juez federal ordenó su inmediata libertad y sobreseimiento provisional. Pero eso no ocurrió, ya que el jefe de la cárcel de Río Cuarto alegó que el responsable del Área 315 había ordenado que Romero continuara encarcelado bajo la exclusiva disposición militar.
La medida se mantuvo una vez que Skalany asumió el cargo en el Área 315 (antiguamente denominada Subárea 3115), bajo el control del Batallón de Arsenales 141, en Holmberg, que él mismo comandaba.
Los jefes de ese batallón cumplían, de acuerdo con los fiscales, “la trascendente misión asignada desde marzo de 1976 en la ofensiva contra la subversión a través de las órdenes sucesivamente impartidas por el comandante general en jefe del Ejército; el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y de la Brigada Infantería Aerotransportada”.
De esta forma y en términos concretos, el Área 315 tenía “jurisdicción” sobre la Unidad Regional Sud-Río Cuarto de la Policía de Córdoba (la “filial” local del Departamento Informaciones Policiales D2 o “la Patota del D2”, de Córdoba capital) y la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal respecto a las operaciones de la “lucha contra la subversión”.
La 315 también ejercía control sobre la cárcel N° 4 en cuanto a los detenidos “subversivos” allí alojados, coordinando además otras acciones con el Área Material de Río Cuarto de la Fuerza Aérea, según la investigación.
En los legajos penitenciarios de Romero se halló una nota fechada en marzo del ‘79 que Skalany dirigió al director de la Unidad Carcelaria N° 4 en la que le ordenaba que el detenido fuera trasladado a la ciudad de Córdoba.
De este modo, Romero fue alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 (ex UP1 o cárcel de San Martín), a disposición del Área 315. Pocos días después, fue trasladado, por orden de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, desde la UP1 nuevamente a la cárcel de Río Cuarto, por lo que continuó preso por orden del Área 315.
Finalmente, Skalany dirigió una nota al director de la cárcel sureña en la que le informó que debía disponer la libertad del detenido, por orden de la Cuarta Brigada. El responsable del centro penitenciario le respondió que Romero ya había sido libertado, “todo lo cual pone en manifiesto que la situación de Romero, en todo momento, estuvo en manos de las autoridades militares y puntualmente de Skalany”, advirtieron los representantes del Ministerio Público.
“Si bien la detención de Romero fue dispuesta en el marco de actuaciones judiciales, siguiendo todas las formalidades que permiten afirmar que fue legal, lo cierto es que, a partir del 19 de enero de 1979, luego que la autoridad judicial dispusiera su libertad, ello no fue posible por orden del jefe del Área 315, que decidió prolongar su detención sin fundamentos y/o motivos que así lo justifiquen, lo cual se prolongó, siendo Skalany ya jefe de aquella Área”, concluyeron.
De esta forma, lo acusaron de haberle privado la libertad de forma ilegítima y lo enviaron a juicio. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo del enjuiciamiento, lo sobreseyó por fallecimiento.
Su muerte se produjo el pasado 20 de marzo, cuatro días antes del aniversario de los 50 años del golpe de Estado del ’76. Falleció a los 93 años por insuficiencia respiratoria aguda, en la ciudad de Buenos Aires.
