El 18 de diciembre fue promulgada la ley que establece el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, conocido como “impuesto a la riqueza” y que anticipa una alta judicialización.
El día de publicación no es una cuestión menor, porque suma una complicación práctica a los numerosos argumentos para rechazar esta nueva imposición. La entrada en vigencia será la fecha de corte para valuar los bienes en este tributo, pero no coincidirá con el cierre de Bienes Personales (31 de diciembre). Así, se duplica el trabajo de liquidación y se complica la valuación de los activos, por ser un día diferente del final del mes.
Más allá de este tema, el texto de la norma tiene varias puntas de las cuales tirar para realizar planteos de inconstitucionalidad, que deberán probarse en cada caso concreto. Esto podría limitar la recaudación efectiva del tributo y generar situaciones de inequidad entre quienes disponen de recursos para afrontar los costos de las acciones judiciales y quienes no los tienen.
Universo más amplio
Un primer punto cuestionable es que el proyecto de ley cambió la fecha de corte, pero mantuvo el monto de 200 millones de pesos de exención, a pesar de la inflación y de la devaluación.
Ese monto era de 3,35 millones de dólares a la fecha original de corte (31 de diciembre de 2019), con nueve mil contribuyentes alcanzados, según Afip. Casi un año después, serán sólo 2,42 millones de dólares y más personas tributarán, a alícuotas mayores.
Inconstitucionalidad
"Podría alcanzar a personas que viven desde hace años en Bolivia, en Paraguay, en Suiza o en el Reino Unido, entre otros", dice D'Alessandro, y agrega que podría afectar los convenios para evitar la doble imposición que tiene Argentina con terceros países.
