Economía. La educación argentina discute salarios y paros, pero no resultados
El sueldo docente registró el año pasado caídas del 10% al 30% anuales en términos reales. Pero la discusión termina encapsulada en el conflicto y nunca llega al problema de fondo: ¿por qué el alumno no aprende?
Varias provincias argentinas atraviesan conflictos docentes. Es una situación que, de tanto repetirse, se ha vuelto casi habitual. Como cualquier trabajador, los docentes tienen derecho a reclamar por sus salarios y por sus condiciones de trabajo. En educación, sin embargo, ese reclamo suele tomar una forma especialmente sensible: la reducción de la jornada escolar o la suspensión de clases.
Y ahí aparece una particularidad del sector: quienes más sufren las consecuencias del conflicto no son sólo los gobiernos provinciales, sino sobre todo los alumnos, que quedan atrapados en una disputa de la que no forman parte.
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Que el reclamo docente tiene fundamento es difícil de discutir. En los últimos años, los maestros perdieron poder de compra. Según un informe de Argentinos por la Educación, en 21 de las 24 provincias, en junio de 2025 un maestro con algo de experiencia ganaba menos –en términos reales– que en 2014, con caídas que en general se ubican entre el 10% y el 30%, según la provincia.
El problema es que, una vez más, toda la discusión pública termina girando alrededor de ese conflicto. Los gobiernos provinciales, que son los responsables del sistema educativo, sienten presión cuando hay paro y cuando se interrumpen las clases. Pero no enfrentan la misma presión por los bajos aprendizajes, el retraso escolar o la deserción.
En todo caso, conviene recuperar una idea básica: la función del sistema educativo es formar estudiantes con los conocimientos y las capacidades que necesitan para desenvolverse en la vida, continuar estudios y acceder a mejores oportunidades.
Los docentes son fundamentales para que esa misión se cumpla, pero el aprendizaje de los alumnos debería seguir siendo el centro. Cuando gran parte de la energía se concentra en resolver la urgencia del conflicto, se pierde de vista la verdadera deuda del sistema educativo argentino: no estamos discutiendo lo suficiente por qué los alumnos no aprenden.
La escuela ya no está logrando su objetivo
La meta de cualquier sistema educativo debería ser simple y clara: formar estudiantes que, al finalizar su trayectoria escolar, cuenten con las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida y acceder a mejores oportunidades. En Argentina, sin embargo, los resultados muestran que ese objetivo se está incumpliendo.
Según un informe de EduLab, el laboratorio de políticas educativas de Idesa, en 2022 la pobreza educativa en la secundaria alcanzó al 32% de los adolescentes: más de tres de cada 10 no logran terminar ese nivel con los aprendizajes básicos. Entre los sectores de menores ingresos, la cifra trepa al 60,5%.
La exclusión educativa no ocurre solo cuando un alumno abandona, sino también cuando permanece en la escuela sin aprender lo mínimo necesario.
Estos resultados no son casuales. Son la consecuencia de un sistema que fue perdiendo de vista su finalidad principal. Durante años, la discusión educativa se desplazó hacia otros temas, mientras el problema de fondo queda sin resolver. No se trata sólo de recursos, sino también de enfoque, prioridades y gestión.
Las consecuencias de este deterioro exceden ampliamente a la escuela. Una educación básica débil condiciona de manera directa las posibilidades de inserción laboral, porque resulta muy difícil acceder a empleos de calidad sin una formación sólida. Pero además impacta sobre otro debate central: el de la universidad pública como herramienta de movilidad social.
La universidad sigue siendo una institución valiosa, pero cuando la educación básica falla deja de ser una oportunidad real para gran parte de los jóvenes. Muchos no llegan porque abandonaron antes, y otros lo hacen sin las herramientas necesarias para sostener una carrera. Los más perjudicados son, una vez más, los sectores de menores ingresos.
Así, sin aprendizajes sólidos en la escuela, las oportunidades se reducen y la movilidad social se vuelve cada vez más limitada. En ese contexto, pensar que la universidad puede compensar por sí sola las fallas de la educación básica termina siendo más una aspiración que una realidad.
Volver a poner a los alumnos en el centro
Mejorar los salarios docentes tiene que ser parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar el aprendizaje. Para que eso ocurra hace falta un cambio de perspectiva: el objetivo mayor es garantizar que los alumnos aprendan. Sólo a partir de esa reorientación de prioridades cobra sentido el resto de las decisiones, incluyendo un esquema de remuneraciones docentes más justo.
El segundo paso es dejar de mirar sólo el gasto y empezar a mirar también la gestión. Durante años, se instaló la idea de que, si los resultados no llegan, el problema es simplemente la falta de recursos. Pero más presupuesto, por sí solo, no garantiza mejores aprendizajes. La pregunta de fondo es cómo se usan esos recursos, con qué prioridades y con qué mecanismos de seguimiento.
En ese punto, la cuestión docente vuelve a ser central, pero desde otro lugar. Como señala Alejandro Morduchowicz, el salario docente no debería pensarse sólo en términos laborales, sino también como un instrumento de la política educativa, en la medida en que permite atraer y retener buenos docentes.
El objetivo, entonces, debería ser construir una carrera docente que atraiga, forme y retenga buenos profesionales. Eso exige mejorar la formación, ordenar la gestión del personal y evaluar para reconocer el buen desempeño, acompañar dificultades y corregir lo que no funciona. Jerarquizar la docencia implica crear condiciones para que enseñar bien sea valorado y reconocido.
Un tercer eje es la transparencia. Medir resultados, darles seguimiento y hacer pública esa información es clave para orientar mejor las políticas educativas y para que las familias también puedan exigir mejoras.
Un sistema que muestra sus resultados con claridad, no sólo genera más presión para corregir lo que falla, sino que también permite reconocer a las escuelas y a los docentes que logran buenos desempeños en contextos muchas veces difíciles.
La evidencia internacional muestra que los sistemas educativos que avanzan no se limitan a aumentar el gasto ni a administrar conflictos: combinan mejores políticas docentes, evaluación de resultados, buena gestión, transparencia y un foco persistente en los aprendizajes.
(*) Economista, coordinadora de Idesa
