La sustentabilidad política de la transición

L os economistas sabemos que la viabilidad de cualquier plan económico se define por su "sustentabilidad política", y que la forma en que se corrigen los desequilibrios es casi anecdótica si no considera su viabilidad pública. Ese consenso es clave para afianzar el proceso político y aportar consistencia a la economía. Las transiciones son períodos intensos en nuestro país. Hoy, el desafío central de quienes asumen la presidencia en Argentina es la gobernabilidad, y eso es que las medidas económicas a adoptar sean sustentables en materia política y tolerables en términos sociales. Este equilibrio, que resulta de la armonía entre urgencias y estrategias, es el que permite seguir avanzando en las reformas de mediano plazo y, simultáneamente, construir fortalezas para la gestión. Buena nota No hay dudas de que en este primer año, el Gobierno obtendrá una buena nota si logra desacelerar la inflación, reactivar la actividad y se comience a vislumbrar la creación de nuevas fuentes de trabajo. Este escenario deberá coronarse con la próxima llegada de inversiones que apuntalen el crecimiento. 2016 es un año de transición y como tal, habrá que analizarlo de manera integral. El Gobierno no ha tenido un comienzo sencillo. Al asumir, encontró una economía estancada, excesivamente dependiente del consumo, enemiga de las inversiones y las exportaciones; con importantes desequilibrios macroeconómicos (fiscal, monetario y externo, con una elevada inflación y una fuerte distorsión de precios relativos); un Estado obeso y proclive a las intervenciones discrecionales y un contexto externo que tracciona poco la demanda, principalmente por la crisis que atraviesa Brasil, pero también con precios de commodities bajos, un dólar apreciándose en el mundo y volatilidad en los mercados financieros internacionales, que ahora suma el interrogante del Brexit.No obstante, la nueva administración ha hecho importantes avances en términos macroeconómicos. La eliminación del cepo cambiario junto a la instauración de un régimen de flotación administrada, el arreglo con los holdouts y la recuperación del acceso al crédito externo, la suba de las tarifas de los servicios públicos, la quita/reducción de las retenciones a las exportaciones, las restricciones que regían sobre las ventas externas y la implementación de un régimen de metas fiscales e inflacionarias configuran un giro de 180 grados en materia de política económica. Sin embargo, y a pesar de estos logros, el éxito del proceso de transición aún no asoma a la superficie. En lo que va del año, la actividad sectorial y la demandan retroceden: en el primer cuatrimestre, la industria cayó el 2,4 por ciento, la construcción el 10,3; las compras en los supermercados, el 4,5; en shoppings, el 6,3; mientras que los créditos al consumo reflejaron una merma del 2,3. Con un salario real que muestra una pérdida del 1,6 por ciento, hasta que no comiencen a verse los frutos de las paritarias, tenemos un contexto de precios nuevos y salarios en recuperación, pero que por ahora resiente el consumo. Gobernabilidad En pos de afianzar la gobernabilidad, uno de los desafíos centrales del Gobierno es balancear los costos de las medidas correctivas que adopta de manera gradual (como la adecuación tarifaria) pero que tienen efecto de shock en la población. En este marco, el Ejecutivo definió iniciativas que mitigan el impacto de las correcciones macroeconómicas generando una red de contención social que implican un aumento del 1,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y una erogación de 8.000 millones de dólares decidida en pos de resguardar a los sectores más vulnerables. En el plano fiscal, estas compensaciones podrían generar dudas en el cumplimiento del objetivo oficial de reducción del déficit, pero hasta el momento no se vislumbra una inconsistencia que atente contra las metas y además, merece destacarse, los subsidios direccionados a quienes los necesitan recuperan su significado original, distinto de la discrecionalidad anterior. Un norte Para que el esfuerzo no sea en vano, las medidas de corto plazo deben tener un norte. En una Argentina que necesita crecer, se debe poner en marcha un cambio estructural de modelo en el que la inversión y, en menor medida, las exportaciones, se conviertan en los principales núcleos de la reactivación. Además de una economía normalizada, muchos sectores requieren una revisión de los marcos regulatorios antes de invertir. Esto cobra especial relevancia en áreas claves para el crecimiento como la infraestructura, en las que los proyectos prevén desembolsos cuantiosos y de largo plazo. Agilizar el establecimiento de las normas de largo plazo, que generen previsibilidad, es fundamental para encender los motores genuinos del crecimiento.Transitando el segundo semestre, las expectativas de los argentinos radican en que se desacelere la inflación y la economía, por fin, se reanime. Es un menú de trazo grueso, pero si esas curvas muestran tendencias positivas, el Gobierno habrá superado el examen más importante del inicio de su gestión, verá afianzada su gobernabilidad y podrá emprender una segunda etapa de reformas orientadas a lograr un desarrollo sustentable. * Director de Abeceb; exsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación.