
Qué cambiará entre el contribuyente y el Estado con la Ley de Inocencia Fiscal
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Redacción La Voz
En Argentina sobran dólares. El problema es que son pocos los que circulan. Incluso cuando ahora hay una oferta abundante de divisas por las colocaciones de deuda corporativa, por la liquidación del agro y también por la menor demanda para importaciones.
El flujo podría ser mucho mayor, pero quienes tienen “verdes” los guardan; creen que esa es la mejor garantía frente a los riesgos de nuestras patologías económicas, aun pese a que hoy pierden contra la inflación.
Los argentinos tenemos casi U$S 220 mil millones “durmiendo bajo el colchón” (no se cuentan los depósitos). Tantos ceros complejizan la dimensión, pero esa descomunal cifra equivale al valor de 2,7 millones de departamentos nuevos de un dormitorio en Nueva Córdoba o a casi 10 millones de unidades cero kilómetros del Fiat Cronos que Stellantis fabrica en la planta de Ferreyra.
Reconquistar la confianza es el equivalente a encontrar el santo grial de la reactivación. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que buscan mejorar los incentivos de la Ley de Inocencia Fiscal. Hasta el momento, alrededor de 80 mil contribuyentes han adherido al Régimen Simplificado de Ganancias.
Una de las condiciones para entrar es tener ingresos brutos anuales por menos de $ 1.000 millones. Eso equivale a un promedio de $ 83,3 millones por mes. Puede que esa frontera se quite o se amplíe, aunque no está claro que eso potencie el esquema.

Desde la vuelta de la democracia, casi todos los presidentes buscaron los dólares bajo el colchón. “Tráigala de vuelta y póngala a producir” fue el eslogan con el que Carlos Menem promocionó su blanqueo de capitales, en 1992.
Con la misma finalidad lo hicieron Raúl Alfonsín, Cristina Kirchner en dos ocasiones, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
El de Macri fue el más grande de nuestra historia y uno de los más cuantiosos a nivel mundial. Más de 254 mil contribuyentes exteriorizaron U$S 116.800 millones. No todo fue plata. Se regularizaron 167 mil propiedades (57 mil en el exterior) y se duplicó la base imponible de Bienes Personales.
Luego, en la gestión de Alberto Fernández, se aumentó la alícuota de ese tributo y se aplicó un aporte solidario sobre las grandes fortunas. Ese antecedente fue como quemarse con leche, más allá del blindaje fiscal que ahora prevé la ley aprobada bajo el impulso libertario.
En el último año, sin contar la demanda por turismo y por pagos de importaciones, las compras de divisas fueron de casi U$S 22 mil millones. El 47% quedó fuera de los bancos. Y desde que rige la Ley de Inocencia Fiscal, los depósitos en dólares subieron apenas 2,3%. Aquí está el “eslabón débil” del que habla el economista Jorge Vasconcelos, del Ieral de Fundación Mediterránea.
“Cada U$S 500 millones que aumenta la fuga hacia el colchón, se está sustrayendo de la demanda agregada el equivalente al 2,4% de la masa salarial del mes, que incluye las remuneraciones de formales e informales, privados y estatales, jubilaciones y planes sociales”, calcula Vasconcelos.

La encrucijada en la que está el Gobierno gira alrededor de la demanda de dinero (pesos), la expansión del crédito y la reactivación de los sectores rezagados, que además son los que más impactan en el empleo y en la recaudación.
El instrumental, limitado, se asemeja a las prestaciones de una navaja suiza: sirve para una urgencia o para sacarnos de un brete, pero no alcanza cuando las piezas que hay que mover son demasiado grandes.
Todo indica que la remonetización de la economía será tan gradual como la recuperación misma. De hecho, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió a la baja esa expectativa hacia el cierre de 2026 y la dejó apenas 0,1% por encima del último trimestre del año pasado.
Si la demanda de pesos sigue sin estímulos, será muy complejo alimentar el circuito del crédito, salvo que Milei flexibilice parte de la pelea contra la inflación. Al fin y al cabo, no todo se puede al mismo tiempo.