Empleo en crisis. Fuerte salto de los reclamos laborales y de los despidos acordados en Córdoba: treparon 25% este año

Hace pocos días, el Indec reveló que el desempleo tuvo una suba importante a nivel nacional y en la provincia sobre el último trimestre de 2025: en el Gran Córdoba, la tasa marcó un 8,8%, casi un punto más que un año atrás.

Pero tal como sugieren otras estadísticas oficiales y los numerosos casos de empresas en crisis que despiden trabajadores replicados en los medios de comunicación, ese deterioro del empleo continuó y hasta puede haberse profundizado en los primeros meses de este 2026.

El monitoreo que lleva el Ministerio de Justicia y Trabajo en Córdoba confirma esa tendencia preocupante. Los datos que recopila como resultado de distintas actuaciones que le toca cumplir (mediando en conflictos bajo distintas instancias) muestran un crecimiento de las desvinculaciones y un nivel preocupante de empresas en situaciones de crisis.

El mayor salto corresponde a los “acuerdos espontáneos”, aquellos que celebran empleadores y trabajadores para cesar la relación laboral. Son de tres tipos: desvinculaciones de mutuo acuerdo, despidos sin causa y renuncias.

Ambas partes acuden a la Secretaría de Trabajo para su homologación (artículo 15 de la ley de Contrato de Trabajo).

Allí, entre el 1° de enero y el 13 de marzo, ingresaron 878 trámites de este tipo correspondientes a la ciudad de Córdoba: un 25,2% más que en igual lapso de 2025.

A ellos hay que sumar otros 358 recibidos por las delegaciones del ministerio en el interior provincial; en ese caso, se evidencia un salto del 8,8% interanual.

Si se computan ambos, los 1.236 trámites implican un incremento del 20% respecto de 2025.

Divididos por el total de días del período, incluyendo fines de semana, el promedio da 17 desvinculaciones de mutuo acuerdo, despidos sin causa y renuncias homologadas por día; con una amplia mayoría del primer tipo.

Un punto importante para consignar es que la propia área de Trabajo aclara que estas homologaciones también pueden resolverse en escribanías; con lo cual a la estadística oficial hay que sumar un caudal que queda fuera del radar y que se presume numeroso.

El ministerio precisa que el rubro que mayor cantidad de desvinculaciones presentó fue “comercio”, seguido de “trabajadoras de casas particulares”; y en tercer lugar, “gastronomía”.

Otro indicador del deterioro del mercado de trabajo llega al área de Reclamos Individuales del ministerio. Allí se reciben reclamos que realizan trabajadores, con asesoría legal privada o de la Secretaría, contra sus empleadores.

En el lapso aludido (1° de enero al 13 de marzo), se presentaron 597 denuncias; y es el mayor número desde 2022, según la dependencia oficial.

De ellas, 91 se archivaron por no cumplir con los requisitos del protocolo y sobre otras 506 se fijaron audiencias.

Aquí, de nuevo, la mayoría de los reclamos pertenecen a trabajadores del rubro “comercio” (157), vale aclarar, el que mayor cantidad de gente emplea en la provincia.

En segundo lugar, también se ubicó “trabajadoras de casas particulares” (94); seguidas, en este caso, por reclamos de "empleados de call centers" (41).

El cuarto lugar fue para "construcción" (38) y quinto, cerca, quedó “turismo y gastronomía” (37).

Además de acuerdos espontáneos y reclamos individuales, la Dirección de Conciliación y Arbitraje atiende una tercera línea: conflictos colectivos o plurindividuales en el ámbito laboral.

“Del análisis de las actuaciones en trámite se advierte que los conflictos vigentes se concentran principalmente en determinadas actividades económicas, en las cuales se registran dificultades empresariales para afrontar obligaciones salariales, recomposiciones paritarias o situaciones vinculadas a reestructuraciones productivas y procesos de crisis”, explican desde Trabajo.

Los principales sectores involucrados son: salud, neumáticos, metalúrgica, plástico, maderera y mecánicos.

Fuentes de la cartera evitan en todos los casos identificar a las empresas y a los trabajadores involucrados en los acuerdos o los conflictos para respetar la confidencialidad.

Otra herramienta utilizada por las empresas como un intento de evitar despidos ante bajas fuertes de actividad son los procedimientos preventivos de crisis (PPC), paraguas legal que les permite convenir suspensiones, pagos parciales de salarios, adelanto de vacaciones, retiros voluntarios y otras flexibilidades por un cierto plazo.

Suelen ser aprobados por Trabajo –que verifica que se cumplan los requisitos para habilitarlo– por tres meses, con chances de renovación si es necesario, apuntando a un tope de seis meses continuos.

Cumplido el período, se supone que la situación de la empresa y su plantel debe resolverse de manera más permanente en algún sentido.

En el arranque de 2026, los PPC dieron un fuerte salto interanual: en enero, Trabajo registró 3.370 trabajadores suspendidos en el marco de esos procedimientos, esto es, un 37% más que en igual mes de 2025.

En febrero el incremento fue algo menor, pero también se registró una peor situación que hace un año: 3.927 suspendidos, un 15% más que en febrero de 2025.

En marzo, el registro de Trabajo abarca sólo una parte del mes: entre el 1° y el 13. En ese lapso, los suspendidos en PPC fueron 2.378; una merma de 1.282 intermensual. Por su parte, marzo de 2025 (mes completo) registró 2.992.

Desde el Área de Conciliación y Arbitraje, explican que la variación descendente respondió más a factores administrativos y estructurales que a un incremento en la demanda de mano de obra o una mejora palpable del mercado de trabajo.

"Los PPC se otorgan por lapsos determinados y pueden ser prorrogados a solicitud de las empresas. Estos trámites presentan una dinámica de ingreso, vencimiento y renovación que implica que determinadas empresas pueden dejar de figurar en un informe cuando finaliza el período de vigencia de la medida y volver a incorporarse en caso de tramitarse una prórroga”, precisaron.

“Por este motivo, las variaciones observadas en los informes mensuales no necesariamente reflejan la salida definitiva de empresas del sistema, sino también la dinámica propia de renovación de los procedimientos administrativos”, agregaron.

En marzo, se registraron dos fenómenos:

Un dato importante para mencionar es que la mayoría de trabajadores suspendidos hacen base en Córdoba capital. En febrero, la cuota del interior fue del 35%, y bajó fuerte al 26% al mes siguiente, en marzo.

Si se mira la evolución de estos acuerdos a lo largo de todo el 2025, el pico de suspendidos se dio durante el segundo semestre del año, con más de cuatro mil trabajadores afectados durante varios meses.

Las autoridades abocadas a la negociación de estos acuerdos advierten siempre que hay que tener en cuenta que sólo las empresas formales y de cierto tamaño son las que usan la herramienta de los PPC, ya que demanda un trámite burocrático y la presentación de documentación e información de diverso tipo. En la provincia, el 85% del empleo está en pymes de hasta 50 trabajadores.

Vale recordar, además, que más del 40% del empleo es informal y que entre las pymes abunda lo que se denomina el “gris” en materia laboral: empleados con algún grado de registración, pero que reciben parte de sus salarios “en negro”.

En definitiva, los procedimientos preventivos reflejan sólo una parte de la crisis del empleo, y no precisamente la mayor y más aguda.