$ 800 millones. La Corte Suprema definirá el millonario juicio laboral contra Manaos
La fabricante de bebidas apeló ante el máximo tribunal para intentar frenar una condena originada por la desvinculación de un empleado en Mendoza.
La empresa Refres Now SA, fabricante de la marca de bebidas Manaos, llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un reclamo para intentar revertir una indemnización laboral superior a los 800 millones de pesos.
El conflicto legal se originó en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Un exviajante de comercio denunció a la compañía argumentando haber sido víctima de fraude laboral tras su desvinculación.
Este recurso extraordinario federal representa la última instancia legal que tiene la compañía para frenar el pago tras el extenso litigio.
El origen de la condena millonaria
En primera instancia, el monto de la condena había alcanzado una cifra cercana a los 1.500 millones de pesos. Este total se componía de la indemnización, diferentes multas y la aplicación de una tasa de interés calculada desde abril de 2025.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza tomó intervención en el caso y confirmó la existencia de fraude en perjuicio del trabajador. Sin embargo, el tribunal provincial decidió modificar la fórmula de cálculo de los intereses.
Con esta actualización, la suma exigible se redujo a $807.676.293,72, monto al que deberán sumarse los nuevos intereses generados hasta la fecha efectiva del pago.
Acuerdo previo bajo la lupa judicial
La estrategia de la empresa se centra en validar un acuerdo de conciliación firmado en el año 2018 ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en Buenos Aires. En ese momento, se le pagó al empleado 236.000 pesos como liquidación final.
No obstante, tanto la Cámara Laboral como la Corte mendocina determinaron que dicho acuerdo se realizó para simular un despido. Según la Justicia, la maniobra buscó cambiar el encuadramiento sindical del empleado, quien continuó trabajando por cuatro años más bajo otro régimen.
Diego Díaz, abogado defensor de la compañía, argumentó que la anulación de ese acuerdo previo genera inseguridad jurídica para las firmas que logran convenios homologados. Además, el letrado sostuvo que la tasa de interés aplicada sigue siendo demasiado elevada.
El futuro del expediente en la Corte
En su presentación, la empresa solicitó formalmente la suspensión de los efectos del fallo provincial. La sentencia original otorgaba un plazo de apenas cinco días hábiles para depositar los fondos una vez que la resolución quedara firme.
La defensa argumenta que la medida incurrió en arbitrariedad y afecta el derecho de propiedad, al provocar un "despojo patrimonial injustificado" de la compañía.
Ahora, la resolución definitiva quedó en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal deberá definir si acepta revisar la sentencia, marcando el destino final de uno de los juicios laborales más onerosos del sector.
