Apuesta arriesgada de resultado incierto con los “holdouts”

El fallo del pasado 23 de agosto de la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó el peor escenario para Argentina en la batalla con los holdouts, al decidir por unanimidad mantener el fallo del juez Tomas Griesa del 21 de noviembre de 2012 –que determinó que Argentina violó la cláusula de parí passu (tratamiento igualitario) y reconoció el derecho de los holdouts a cobrar el 100 por ciento de sus acreencias con el país–. Además, no se exceptuó al Bank of New York (Bony) de la obligación de hacer cumplir la sentencia. El único aspecto favorable fue que se otorgó un "stay" que suspendió la vigencia del fallo a la espera de que la Corte Suprema de Estados Unidos defina su posición.

Tras este revés de la justicia norteamericana, el Gobierno reaccionó con dos iniciativas: reabrir el canje para los acreedores que no aceptaron ingresar en 2005 y 2010, y ofrecer un cambio voluntario de jurisdicción a Buenos Aires de la deuda externa pública que tiene legislación extranjera.

El objetivo de estas iniciativas pareciera ser principalmente demostrar un cambio de actitud de parte de las autoridades. En particular, la reapertura del canje difícilmente logre algún adherente, pero este no sería su principal objetivo, sino mostrar que el país tiene voluntad de pago. Esto claramente constituye un giro positivo del Gobierno, que finalmente parece haber tomado nota sobre los pésimos resultados que se derivaron de la intransigencia que mostró en el pasado en este tema.

La pregunta que surge es si esto sería suficiente para que la Cámara revierta su fallo adverso, o al menos para motivar la aceptación del caso de parte de la Corte Suprema, algo que en principio no parece probable. De hecho, el cambio de jurisdicción de los bonos performing podría interpretarse por la Justicia como una prueba de que el Gobierno desacatará la decisión judicial (Griesa había ordenado que no podía alterarse el mecanismo de pago), máxime teniendo en cuenta que las iniciativas fueron impulsadas en un contexto en que el fallo de la Cámara estaba en suspenso.

Además, tampoco parece claro que los bonistas tengan incentivos para aceptar el cambio de jurisdicción. Es que los mismos (o al menos una parte) podrían percibir que los riesgos de la jurisdicción argentina son mayores que los riesgos de tener que soportar un embargo parcial y/o un eventual default técnico. Especialmente en un contexto en que en Argentina rige un cepo cambiario que no permite, entre otras cosas, el libre acceso a la moneda extranjera ni el giro de divisas al exterior.

En este contexto, la probabilidad de que el país evite un default técnico luce limitada. De todos modos, hay que aclarar que este evento no tendría, en la práctica, un impacto sustancial de corto plazo, dado que el país ya se encuentra actualmente fuera de los mercados internacionales de deuda. Esto es porque aún no se ha dado ninguna solución a otras cuestiones como la deuda impaga con el Club de París, o los juicios en el Ciadi.

Aunque estas cuestiones sí tendrían mayores “costos” en el mediano plazo. Es que el eventual incumplimiento de una sentencia firme de la justicia norteamericana será otro problema a resolver para normalizar la situación de Argentina en los mercados financieros internacionales. Un impedimento no menor, dado que luce improbable que cualquier administración a cargo del gobierno de Estados Unidos apoye cualquier estrategia argentina futura sin resolver previamente esta cuestión.

En conclusión, los anuncios oficiales parecieran apuntar en la dirección correcta, dado que pretenden demostrar voluntad de pago, y reflejan un giro en la actitud intransigente del Gobierno en este tema. Aunque es probable que estos cambios hayan llegado demasiado tarde y, por tanto, resulten insuficientes para torcer el rumbo de los acontecimientos. En el mediano plazo, aún no es posible dimensionar en forma completa la magnitud de los sucesos recientes, aunque ciertamente constituirán un factor más detrás del elevado “riesgo argentino”.