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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó la detención de cuatro funcionarios grabados por vecinos en La Guaira, cuando intentaban llevarse una bolsa con dólares que fueron encontrados en un edificio desplomado luego de los dos terremotos ocurridos en Venezuela.
El accionar de los funcionarios generó reclamos ciudadanos para que el proceso judicial avance con transparencia y no concluya únicamente con sanciones administrativas.
Los agentes fueron identificados por las autoridades como Aguilar Reyes Maya, Fredy Lugo Oliveros, Roger Omaña y Josué Burgos Sánchez, quienes fueron separados de manera definitiva de la institución, según la información recabada por El Pitazo.
La decisión se produjo después de la difusión en redes sociales de un video en el que un grupo de mujeres increpa a los uniformados en las ruinas de Residencias Vallarta, en Playa Grande.
El hecho investigado en La Guaira
De acuerdo con la información brindda por el mismo medio, el episodio ocurrió tras los terremotos registrados el 24 de junio y estaría vinculado con divisas que permanecían ocultas entre los escombros y que pertenecerían a personas damnificadas por la tragedia.
Los cuatro exfuncionarios quedaron a disposición de la Fiscalía 68 Nacional, especializada en delitos de corrupción, que continuará con la investigación del caso.
La actuación del organismo policial fue valorada por algunos sectores como una respuesta inmediata ante la denuncia pública, aunque persisten cuestionamientos sobre el desarrollo posterior del proceso judicial.
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Reclamos ciudadanos y debate en redes sociales
En medio del impacto provocado por el desastre natural, numerosos usuarios expresaron en redes sociales su preocupación por la posibilidad de que las detenciones no se traduzcan en condenas efectivas.
🇻🇪 | DESASTRE EN VENEZUELA: Varios policías del régimen fueron sorprendidos con grandes cantidades de billetes saqueados de apartamentos destruidos en La Guaira. pic.twitter.com/dmh9zZbqjy
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 1, 2026
Los ciudadanos exigen mayores garantías de transparencia y seguimiento judicial, aunque no existen elementos oficiales que respalden las versiones que sugieren una eventual simulación o encubrimiento institucional.
El debate público se concentra ahora en la actuación de la Fiscalía y los tribunales competentes una vez concluida la etapa inicial de la investigación.
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Qué delito podrían enfrentar los exagentes
El abogado y exfiscal venezolano José Luis Azuaje señaló, en declaraciones reproducidas por el mismo medio, que los hechos investigados podrían encuadrarse dentro del delito de hurto calificado previsto en el Código Penal venezolano.
Según explicó el especialista, existen agravantes vinculadas al contexto en el que se habría producido el hecho. Una de ellas es la condición de calamidad pública derivada de los terremotos, circunstancia que la legislación contempla como un elemento de mayor gravedad penal.
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La otra agravante corresponde al carácter de funcionarios públicos de los acusados al momento del presunto intento de sustracción.
De acuerdo con esa interpretación jurídica, las penas podrían superar los seis años de prisión y alcanzar hasta diez años de cárcel, aunque cualquier eventual condena dependerá del avance de la investigación y de las decisiones que adopten los tribunales competentes.